La responsable regional de Educación, según informó en nota de prensa la Junta, destacó que Castilla-La Mancha será la primera Comunidad Autónoma que garantice por Ley una financiación no inferior al 6 por ciento del Producto Interior Bruto destinada a políticas educativas.

Una cifra que, según recalcó la consejera de Educación y Ciencia, María Ángeles García, "supone un gran avance y asegura el futuro de nuestra educación".

García destacó hoy este compromiso del Gobierno regional en la presentación del proyecto de Ley de Educación de Castilla-La Mancha que ha llegado este lunes a las Cortes regionales para iniciar su trámite parlamentario después de que el Consejo de Gobierno aprobara el texto la semana pasada.

García subrayó que la futura Ley viene avalada por un amplio proceso de participación, en el que se han recogido más de 6.000 propuestas de diferentes colectivos, y con el respaldo de toda la comunidad educativa que, a lo largo de dos años, ha podido plantear propuestas, críticas y sugerencias al primer documento de bases que se presentó.

En este sentido, la titular de Educación y Ciencia explicó que en todo este proceso, el Gobierno regional ha buscado el mayor consenso y acuerdo posible "para hacer una Ley de todos y para todos".

Además de garantizar la financiación, la Ley define como derechos logros que se han conseguido en los últimos diez años de competencias como la gratuidad de libros de texto, el modelo de orientación para los centros de Infantil y Primaria, o la gratuidad del transporte escolar en las etapas postobligatorias.

Por este motivo, la consejera mostró su confianza "porque la Ley salga aprobada por unanimidad de las Cortes de Castilla-La Mancha, porque significaría que habríamos avanzado mucho y estaríamos trabajando todos juntos por el futuro de la educación y por la sociedad del conocimiento que queremos construir".

Principios rectores

García señaló que la Ley de Educación no viene a enmendar ni a sustituir ni a alterar la LOE, sino a desarrollarla teniendo en cuenta las necesidades y los objetivos propios como Comunidad.

Como principios rectores que guiarán el sistema educativo y que contempla la Ley citó la calidad con equidad; la igualdad y transparencia en los procesos de admisión de alumnos, de forma que se fomente la libre elección de centro; la participación de la comunidad educativa; la autonomía de los centros; el compromiso con una educación en valores democráticos; y el fomento del éxito del alumnado a través del esfuerzo individual.

También prevenir el abandono escolar, universalizando las oportunidades de educación y formación para todos los jóvenes menores de 18 años que no han obtenido una titulación académica ni se han incorporado al mundo laboral; y estimular la innovación y la investigación.

Asimismo, otros apartados de la Ley recogen una definición de derechos y deberes de la comunidad educativa, con el compromiso, por ejemplo, de elaborar un Estatuto del estudiante no universitario; y medidas de apoyo al profesorado, entre las que se encuentran regular los supuestos y alcance de la autoridad en el ejercicio de sus funciones o protección y asistencia jurídica.

Además se articula un servicio público de la educación, con obligaciones para los centros públicos y concertados; y se reconocen de los derechos de la escuela concertada y de la escuela rural, con la obligación de abrir aulas en el ámbito rural con un mínimo de cuatro alumnos, entre otras mejoras.

Finalmente, la consejera se refirió al desarrollo de factores específicos de calidad como el fomento de las TIC, los idiomas, la lectura o la Formación Profesional e incrementar las tasas de escolarización por encima de los 18 años en enseñanzas postobligatorias no universitarias, facilitando el acceso o el retorno al sistema educativo en cualquier momento de la vida a través de una oferta flexible y abierta.