Si ya en febrero representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Profesional de la Escala de Suboficiales (ASES-GC) comparecieron públicamente para responsabilizar al jefe del Seprona de Valladolid de los problemas laborales y personales que padecían los miembros de esta unidad y hoy distintos medios impresos de la capital se hicieron eco de las denuncias que los supuestos afectados han elevado a sus superiores por estos hechos, ahora es la UO la que 'cerró filas' tras el alférez Jesús Uña y anunció haber interpuesto la correspondiente denuncia ante la Fiscalía vallisoletana para que se depuren las irregularidades cometidas por los denunciantes.

Y es que la Unión de Oficiales, a través de un comunicado recogido por Europa Press, sostiene que el alférez sufre desde hace meses una campaña de desprestigio dirigida a poner en cuestión su honor y profesionalidad.

"Esta infundada campaña de descrédito, amparada por parte de otros colectivos, ha surgido después de que el alférez alertase a sus superiores, por conducto reglamentario, sobre las supuestas irregularidades que, a su juicio, se estaban dando en el Seprona de Valladolid", advierte el sindicato, en referencia a que cuando el denunciado se hizo con la jefatura del servicio descubrió que algunos de sus miembros realizaban trabajos, totalmente incompatibles, para empresas del sector medioambiental.

En este sentido, Luis Parra, delegado territorial de UO Castilla y León Occidental, en declaraciones a Europa Press, insistió en que la causa de dicha campaña es que el alférez cuestionado "no ha mirado para otro lado y no ha hecho más que cumplir con su deber al sacar a la luz determinadas vergüenzas", que "afortunadamente", según precisó, afectan a un sargento de la oficina técnica y a un agente del equipo de investigación que han constituido una fundación que ofrece servicios de asesoramiento a empresas y otras instituciones, entre ayuntamientos y diputaciones, en materia medioambiental.

Fundación proyecto a.R.B.O.L.

Aunque declinó dar más detalles, Europa Press pudo saber que se trata de la Fundación Proyecto A.R.B.O.L, con sede social en la calle Gutiérrez Linacero nº 1, en Venta de Baños (Palencia), constituida el día 4 de junio de 2008 con una dotación inicial de 30.000 euros y en la que figuran como presidente y secretario el guardia del equipo de investigación del Seprona O.J.A.I, doña Silvia de Miguel Manso y como secretario el sargento de la oficina técnica F.J.M.M.

A través de ella se ofrecen, entre otros, servicios para la implantación de la Norma UNE-

En iso 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad y Norma UNE-

En iso 14001, Sistemas de Gestión Ambiental; asesoramiento legal, en materia medio ambiental, para una mejor aplicación y comprensión de la legislación vigente en el desarrollo de su actividad; ventajas fiscales; información de las subvenciones a las que se pueden acoger en materia de Medio Ambiente; promoción y difusión que la propia Fundación hará de las empresas colaboradoras en todas aquellas actividades que la asociación organice, así como en las publicaciones que se editen, además de información de todas las ventajas que conlleva la implantación de buenas prácticas medioambientales aplicables a su actividad.

Ante ello, además de interponer denuncia ante la Fiscalía vallisoletana, la Unión de Oficiales ha instado a la Dirección General de la Guardia Civil a que intervenga en el asunto y evite que se pretendan ocultar responsabilidades graves vilipendiando de forma infundada a un oficial que se ha limitado a cumplir escrupulosamente con su deber.

La reacción de la UO se produce después de que miembros del Seprona de Valladolid presentaran tres escritos dirigidos al teniente coronel jefe de la Comandancia, al general jefe de la XII Zona y al director general de la Guardia Civil en los que acusan al jefe del servicio de, entre otras irregularidades, asignar a sus subalternos servicios sin avisarles con la suficiente antelación, así como de apropiarse de un ordenador de la unidad, utilizar al personal como taxistas o para hacerle trabajos que debe presentar como alumno de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), además de cobrar un kilometraje por desplazamiento cuando en realidad el trayecto lo había realizado en el vehículo de otro agente.