El texto salió adelante con los votos favorables de los grupos que apoyan al Gobierno (PRC y PSOE) y con la abstención del PP, que comparte prácticamente en su totalidad la filosofía y contenidos de la modificación, pero optó por abstenerse al rechazarse sus dos enmiendas y al ser imposible una votación separada de las partes que apoya y de aquellas a las que afectaban sus enmiendas.

Según destacó el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, esta modificación completa las trasposiciones realizadas ya para las leyes de Comercio y de Régimen Jurídico, y se suma además al Plan de reducción de cargas administrativas.

Todo ello, en su opinión, contribuirá a rebajar cargas en la relación con la administración, otorgará "mayor seguridad jurídica" a quienes desean prestar un servicio y supondrá, en definitiva, una "apuesta clara por potenciar la competitividad de Cantabria en el mercado interior europeo".

También coincidieron en estas ideas los grupos parlamentarios. Así, el regionalista Rafael de la Sierra aseguró que "se refuerza la transparencia", mientras la socialista Ruth Carrasco consideró que toda esta trasposición de la Directiva de Servicios supone contar con "menos barreras y más oportunidades" lo que, unido al Plan de reducción de cargas administrativas, constituye un "paquete de medidas importante para dinamizar" la economía.

La modificación de la Ley cántabra de Colegios Profesionales introduce cambios sobre aspectos básicos de la regulación en materia de servicios profesionales. Por ejemplo, obliga a los colegios a incorporar la ventanilla única, para permitir la colegiación, ejercicio y baja desde un único punto, por vía electrónica o a distancia. Además, incorpora la obligación de elaborar una memoria anual y difundirla en la página web.

Rechazadas las enmiendas del pp

Precisamente en torno a estos dos aspectos el PP defendía dos enmiendas que fueron rechazadas. En concreto, en lo que respecta a la tramitación electrónica, el PP pedía que la ley precisara expresamente que los colegios profesionales mantendrán también los medios tradicionales, ya que, según el 'popular' Luis Carlos Albalá, de no ser así podría suponer una "desventaja" para quienes no manejan las nuevas tecnologías.

No obstante, socialistas y regionalistas piensan que es "obvio" y se sobreentiende el mantenimiento del resto de medios, ya que la novedad es la introducción de una "obligación añadida", la de la ventanilla única, que no elimina los cauces preexistentes.

La segunda enmienda aludía a los contenidos de la memoria anual, que, entre otras cosas, debe incluir datos sobre expedientes informativos o sancionadores, y sobre quejas y reclamaciones. Según el PP, cuando se trate de expedientes, quejas o reclamaciones en fase de instrucción y que, por tanto, no sean aún firmes, se deben omitir los datos del colegiado afectado y así se debe explicitar en la Ley.

En cambio, PSOE y PRC aseguran que lo que se solicita en la memoria es información estadística y agregada, no nominal, con lo cual no existiría ese problema. Además, sería de aplicación la Ley de Protección de Datos.

Pero Albalá no se queda conforme con esa respuesta porque, según dice, en la ley se indica que la memoria deberá incluir "al menos" información estadística o agregada, de forma que algún Colegio en un "exceso de celo" podría "ir más allá" y aportar más datos, incluida esa identificación de los afectados.