El hombre acusado de quemar 31 hectáreas de monte en el término municipal de Cieza, en la Reserva Regional de Caza del Saja, ha negado hoy que se encontrara ese día, el 16 de marzo de 2005, en la zona donde se produjo el fuego.

El imputado defiende que ese incendio en cuestión "no existió nunca", alega que tenía los permisos necesarios para quema de rastrojos, como hizo en fechas cercanas, pero no ese día, en que además estuvo en otro lugar.

"Más respeto que yo al monte, no creo, nadie lo respeta más que yo", declaró en el inicio del juicio ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, que comenzó hoy y que, finalmente, concluirá mañana, en que declararán los peritos y se conocerá el veredicto del Jurado.

Sin embargo, dos agentes del medio natural que patrullaban por la zona le reconocieron en el juicio que ha empezado hoy en la Audiencia de Cantabria "al 100%" y "sin dudas", y han contado cómo vieron como, en "más de 15" ocasiones quemó montones de rastrojos en una finca privada, pero también en monte de utilidad pública y sin quedarse a controlar si se extendía o no.

A.C.S., empleado de la construcción pero que con frecuencia hacia ese tipo de labores, se enfrenta a una petición de penas por ocho meses de prisión, multa de 4.500 euros e indemnización de 13.846 euros por parte del Ministerio Fiscal, que aplica la atenuante de dilaciones indebidas por los retrasos en el proceso.

Las penas coinciden con las de la acusación particular, ejercida por el Gobierno de Cantabria, salvo en la indemnización, para lo que reclama un total de 12.766 euros como compensación por los costes de extinción de las llamas.

Por su parte, de los particulares perjudicados, la Fundación Asilo de San José, propietaria de terrenos, reclama 1.080 euros por los gastos de regeneración y limpieza.

El Ministerio Fiscal explicó al jurado que decidirá si el acusado es culpable o inocente que la superficie que ardió es equivalente a 31 campos de fútbol, y que ese mismo año, 2005, hubo en Cantabria 461 incendios por una superficie similar a 5.000 campos de fútbol. Ese año se gastaron cinco millones de euros como consecuencia de las llamas, cifra que dos años después se había duplicado.

Pero además, la fiscal hizo hincapié en que estos incendios impiden la regeneración del bosque atlántica y hacen que sólo la mitad de la superficie forestal de Cantabria esté arbolada, criticando la práctica de quema de rastrojos de los ganaderos con la que, dijo, "no hacen ningún favor al monte", ni tampoco al resto de trabajadores del campo, a quienes tras un fuego se les prohíbe pastar en los terrenos afectados.

En el caso concreto que juzgaba hoy la Sección Primera de la Audiencia Provincial, recordó que ese día había situación de alerta por incendios y soplaba viento sur, que, según los agentes del medio natural, es el "peor" para los incendios, y que se hizo en marzo, temporada de riesgo.

De su lado, el Gobierno de Cantabria señaló que el permiso con el que decía contar el acusado estaba caducado y "no se ajustaba" a lo que luego hizo, ya que esa autorización se hacía a primera hora del día —los agentes le vieron a las 17.30 horas—, siempre y cuando no hiciera viento sur y controlando su evolución.

En lugar de eso, hizo "todo lo contrario". El antiguo Jefe del Servicio de Montes asegura que no consta petición de autorización por parte del acusado para ese día para quemar rastrojos, solicitud que por otra parte, según recordaron los agentes forestales, sólo afecta a terrenos particulares y no a montes de utilidad pública, sobre los que únicamente pueden actuar ayuntamientos y juntas vecinales.

Frente a esto, la defensa rechazó que soplara el sur ese día, en que sostiene que había viento de nordeste, además de cuestionar la superficie afectada que ofrecen Fiscalía y Gobierno e incide en que los terrenos que ardieron están, cinco años después, regenerados sin que haya sido necesaria intervención alguna. Y remarcan que el fuego se apagó ese mismo día.

"seguía su camino"

Los agentes forestales que declararon como testigos contaron como el acusado, al que conocían de ver por la zona con frecuencia y por las tardes, "se agachó y prendía con un objeto pequeño" los montes de rastrojos, para luego alejarse y hacer lo mismo en otro lugar, en una operación que repitió en "más de 15" ocasiones durante media hora, en ese finca y también fuera de ella.

Los testigos le vieron, sólo a él, a través de sus prismáticos, la cara "perfectamente", y también observaron que "seguía su camino" tras prender los montones. Ambos remarcaron que el mes de marzo, en que sucedieron los hechos, es "el peor" en Cantabria, porque la maleza y los arbustos están resecos después del invierno y además el viento sur contribuye a extenderlos.

Estos agentes del medio natural afirmaron que el fuego no fue grave y que se apagó sólo, sin intervención alguna, ya que además los medios de extinción se encontraban en un incendio en otro municipio. Ese mismo día había ocho incendios forestales activos en toda la comunidad autónoma.

El incendio se produjo en terrenos pertenecientes a la Reserva Regional de Caza del Saja, lo que según el Fiscal confiere al monte quemado un doble valor añadido, tanto económico, por albergar especies de caza, jabalí y corzo, fundamentalmente, como ecológico, por ser reserva de mamíferos, aves o reptiles.

Según la descripción de la Fiscalía, el imputado consiguió provocar un incendio que afectó a 31,2 hectáreas (312.000 metros cuadrados de superficie), de las que 11,24 estaban pobladas por robles de 70 años de antigüedad, mezclados con avellanos y acebos; otras 14,96 hectáreas contenían vegetación de monte arbustivo, compuesta por matorral de árgomas y regenerado de roble; y las restantes estaban cubiertas por pastos herbáceos.

De la superficie quemada, 18,70 hectáreas correspondían a monte público y las 12,50 restantes eran de propiedad particular.

Como consecuencia del fuego, se produjeron daños ecológicos en el monte que será necesario restaurar en el menor tiempo posible, según el Fiscal. Las labores consistirán en recuperar la cobertura vegetal que había antes del incendio; para ello, habrá que acotar al pastoreo la superficie desarbolada afectada durante un periodo de tres años.