El Tribunal tiene fijado celebrar esta semana sesiones de lunes a jueves. En este juicio se juzga a Muñoz, a Del Nido, que estuvo declarando durante 10 días; al ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca y a otras 14 personas desde el 6 de abril, día en que comenzó la vista oral con las cuestiones previas planteadas por las partes, tanto defensas como Fiscalía Anticorrupción y Ayuntamiento marbellí, como acusación particular.

Del Nido rechazó todas las acusaciones del Ministerio Fiscal, que sostiene que la contratación del letrado "estuvo basada única y exclusivamente" en la voluntad del entonces alcalde, Jesús Gil, "sin que para dicha designación o para la asignación de cada uno de los servicios concretos y ejercicio de acciones se iniciare el preceptivo expediente o cualquier formalidad legalmente prevista por el órgano municipal".

Para la acusación pública, se pretendió "una maquinación defraudatoria estable y progresiva, planeada por los acusados con absoluto desprecio a los intereses públicos y en grave perjuicio de las arcas municipales". En su escrito inicial, se precisa que a ese comportamiento "despatrimonializador" se unieron "bajo el mando y control de Gil, en un primer nivel dirigente, los acusados Julián Muñoz y José María del Nido".

El también presidente del Sevilla, que se enfrenta a 13 años y medio de cárcel, "lo que supone mi vida con la edad que tengo", negó que fuera abogado de confianza de Gil, a quien conocía "de actos sociales y del fútbol"; y defendió la forma en la que le hicieron los encargos e intentó justificar su trabajo. Rechazó, también, que creara una espiral procesal para cobrar minutas que no debía, como dice el fiscal.

Por su parte, Muñoz aseguró el primer día de declaración que era Gil el que "mandaba" y que él firmaba lo que éste le decía. En este sentido, el fiscal sostiene que Muñoz, que presidía y participaba en las juntas de gobierno local, "le adjudicaba los servicios y el ejercicio de acciones concretas, mediante decretos inmotivados, al tiempo que se promovía que la comisión de Gobierno aprobara el gasto correspondiente".

La causa se inició a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en 2006, tras analizar varios informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio marbellí. El ministerio público presentó escrito de acusación por delitos de asociación ilícita, prevaricación administrativa, fraude, malversación de caudales públicos, falsedad documental y delitos societarios.