El Ministerio Público ha acusado a un sargento y a cinco cabos de la Benemérita que en aquel momento estaban adscritos a la Compañía Fiscal del Instituto Armado en la ciudad autónoma de haberse puesto de acuerdo para urdir "un plan con el ánimo de enriquecerse injustamente y con dicha finalidad decidieron desarrollar el ejercicio de sus cargos a cambio de cantidades de dinero u otros beneficios en especie".

Al parecer, los procesados exigían a las personas que trataban de acceder a Ceuta a través de la aduana cantidades de dinero u otros beneficios que posteriormente se repartían a cambio de facilitar la entrada a la ciudad autónoma.

Por tales hechos, la Fiscalía solicita penas de cuatro años de prisión, la inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público al servicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante 9 años y una multa de 1.200 euros. Además de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena más las costas procesales.

Según las investigaciones efectuadas los imputados incurrieron en esas prácticas hasta en nueve ocasiones. El 20 mayo de 2003, se explica en el sumario del caso, uno de los imputados que prestaba servicios de control en la frontera negó el acceso de entrada a la ciudad a un marroquí que carecía de permiso de conducción válido en España. Pese a ello, y por 41 euros, el mismo le permitió el paso una vez recibido el dinero a través de un tercero.

En agosto, uno de los cooperadores de los agentes en el puesto fronterizo exigió al conductor de un Renault Express una cantidad de dinero que no consta determinada en el procedimiento a cambio de permitirle el paso por la aduana de tal forma que, una vez entregada la cantidad al Sargento de la Guardia Civil, se le dio paso permitiéndole el acceso a Ceuta.

Otro de los hechos incluidos por la fiscal en el escrito de acusación se refieren al 6 de septiembre de 2003 cuando, al parecer, un ciudadano marroquí llevaba en su vehículo mercancías cuya entrada en Ceuta requerían un adecuado control sanitario del que carecían, por lo que uno de los acusados le negó el paso al conductor hasta que otro de los cooperadores intervino y le pidió cierta cantidad de dinero, que al llegar a las manos del agente, dio luz verde al cruce de la frontera.