La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, según informó el Ayuntamiento, ha resuelto que los terrenos objeto de la intervención están ubicados en la Zona Arqueológica de El Gandul, declarada Bien de Interés Cultural y, por tanto, sometida a la máxima protección patrimonial. La actividad propuesta, con empleo de maquinaria o manual, afectaría negativamente a los restos arqueológicos que subyacen bajo la superficie de 41,96 hectáreas de palmitos.

En el informe, siempre según el Consistorio, se explica que las distintas labores agrícolas que se han realizado en reiteradas ocasiones, también con entresacas de palmitos, han desencadenado consecuencias "muy negativas" sobre los valores patrimoniales.

De esta forma la Comisión Provincial de Patrimonio "coincide con el Ayuntamiento en la importancia que tienen en el entorno los palmitos en su valor paisajístico y los restos arqueológicos en su valor cultural". Bajo estas 41,96 hectáreas se encuentra parte de la ampliación de la ciudad romana, que inicialmente se desarrolló sobre la meseta de 'el Toruño'. También una vía funeraria o sacra, a lo largo de la cual se extendía una de la necrópolis y algunos edificios públicos como el anfiteatro.

Gandul está declarado BIC y cuenta además con el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla. En el estado actual de la delimitación de yacimientos arqueológicos de Gandul-Las Canteras, la mayor parte del área se halla bajo protección arqueológica, bien mediante la delimitación de yacimientos aislados, bien mediante la inclusión de los sectores Mesa de Gandul, Dehesa de Gandul, Las Canteras y Eucaliptal de las Canteras en el yacimiento de Gandul.

Por su parte, la decisión tomada por la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta se ajusta al Plan Especial de Protección del Medio Físico precisa protección integral en todos aquellos terrenos identificados como yacimientos arqueológicos en los que prohíbe expresamente la realización de cualquier actividad constructiva o transformadora del medio. Cualquier actuación sobre dichos bienes sólo puede venir de la mano de la conservación, consolidación y rehabilitación, y necesita de la autorización autonómica.