Los abogados de los cuatro imputados por el intento de soborno de la que fuera edil no adscrita del Ayuntamiento de Camas (Sevilla) Carmen Lobo, como son el ex alcalde, Agustín Pavón; los ex ediles del PP y el PA en el Consistorio camero Antonio Enrique Fraile y José del Castillo; y el empresario Eusebio Gaviño, solicitaron hoy el archivo de la causa, mientras que la Fiscalía pidió la apertura de juicio oral, dando así por reproducido su escrito de calificación, en el que solicita un año y medio de prisión para cada procesado.

Los letrados de los imputados pidieron el sobreseimiento para sus representados a lo largo de la audiencia preliminar prevista por la Ley del Jurado y que se ha celebrado en la mañana de hoy viernes en el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, durante la cual el representante del Ministerio Público ha solicitado la apertura de juicio oral al entender que existen pruebas "suficientes" para ello.

Según recoge el acta de la audiencia preliminar, a la que ha tenido acceso Europa Press, todos los letrados de los procesados solicitaron como cuestión previa la suspensión del acto, argumentando para ello que al celebrarlo "se incurre en nulidad de pleno derecho", ya que "se violan derechos fundamentales como el de presunción de inocencia, los derechos constitucionales y el principio de legalidad procesal", una petición que fue denegada por el juez.

En este sentido, Pavón aseguró a los periodistas que el delito de cohecho que se le imputa tanto a él como al resto de encartados "es atípico", ya que "no hay prevaricación ni recibí dinero", añadiendo, por tanto, que se trata "de una trama-trampa organizada" por el ex militante de IU y uno de los denunciantes del caso, Francisco Gordo, y por el secretario general del PSOE de Camas y ex delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, imputado por cohecho en el caso Mercasevilla.

Al hilo de ello, calificó a Rivas como "el señor X" del caso Camas y dijo que en el caso Mercasevilla "sí hay indicios de cohecho", señalando que, una vez transcurridos cinco años desde que el caso fue denunciado, solicitará daños y perjuicios, ya que cuando un procedimiento se demora "no es un juicio justo". "Desde el punto de vista personal, hemos sufridos daños muy importantes que no se van a recuperar con una sentencia favorable", apostilló.

"odio y venganza"

Durante la audiencia preliminar, el letrado de Fraile solicitó el archivo de la causa ante la "falta de veracidad" de los hechos denunciados y de la propia denuncia, interpuesta en su día "por móviles políticos, odio y venganza", mientras que el resultado "negativo" a efectos de imputación del informe pericial de cotejo de voz y del informe fonético-lingüístico "impiden definitivamente" la imputación de su representado.

En esta línea, y sobre la prueba de cotejo de voz, el fiscal aseveró que "técnicamente" ha sido imposible comprobar si su voz se corresponde con la de la grabación que sirve de base a la denuncia, pero agrega que el propio Fraile "reconoce haber estado en la reunión" en la que se planificó supuestamente el cohecho, en agosto de 2005, y los demás partícipes "también reconocen la presencia de Fraile" en este encuentro.

Durante la audiencia preliminar, el juez también rechazó la solicitud de prueba pericial solicitada por la defensa de Fraile en cuanto a que peritos especialistas del Departamento de Acústica del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil emitieran un informe "sobre si las grabaciones aportadas por los denunciantes con sus respectivas denuncias son originales, si han sido o no alteradas o manipuladas, y los defectos técnicos o materiales que observaren en las mismas", y que "las hagan inválidas por falta de garantías y por cualesquiera otras causas que las inhabiliten por sí mismas o las hagan ineficaces por estar contaminadas".

Petición de la fiscalía

La Fiscalía de Sevilla ya hizo entrega en el Juzgado de Instrucción número 2 de un escrito de calificación en el procedimiento por tribunal del jurado del 'caso Camas' por el presunto intento de soborno a la ex edil Carmen Lobo, en el cual se solicita un año y medio de prisión para el ex alcalde, Agustín Pavón; los ex ediles del PP y el PA en el Consistorio camero Antonio Enrique Fraile y José del Castillo; y el empresario Eusebio Gaviño.

El Ministerio Público, que reafirmó entonces la exculpación en el caso del ex concejal del PP de Castilleja de Guzmán (Sevilla) Aureliano Lucas, acusa a los implicados de un presunto delito de cohecho, por el que además solicita para cada uno una accesoria de inhabilitación especial para cargo público y una multa de 24.000 euros.