En una comparecencia que se prolongó durante unas tres horas y en la que no estuvo presente ningún fiscal, el imputado, asistido por el letrado José Ignacio Herrero, volvió a rechazar haberse lucrado con la compra-venta de tumbas y ataúdes a través de la EFM, y defendió que los gastos supuestamente privados que se le detectaron con cargo a las cuentas de la empresa "eran por representación", según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

En concreto, sobre el principal encausado en este procedimiento, quien se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros, pesan los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental, cohecho y fraude a la administración por los que podría enfrentarse a una pena de cárcel que oscilaría entre los 14 y los 16 años.

Mientras tanto, el juez anunció hoy que volverá a citar a declarar a la ex presidenta de la Funeraria, Marina Sans, a quien se le atribuye un supuesto delito de malversación de caudales públicos, y fijará previsiblemente a finales de este mes su nueva comparecencia ante el magistrado.(

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