La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, consideró hoy "indispensable" para transferir la competencia de Justicia a la Comunidad que el Ministerio asuma el coste de todas las oficinas de justicia previstas y no sólo la que se pondrá en marcha antes de que concluya el año.

Del Olmo incidió en que la Junta reclama que "se pague" el coste efectivo de todas las oficinas judiciales y no sólo una, la que cree en el momento del traspaso, ya que, a su juicio, es "ridículo" que este punto de la negociación dependa de una fecha y de la voluntad "de una de las partes", en este caso del Ministerio.

La consejera compareció ante los medios tras presidir la reunión de la Sección de Castilla y León de la Comisión Mixta de Transferencias, donde destacó la voluntad "firme y férrea" de la Junta de asumir lo "antes posible" tanto la competencia de Justicia como la de la cuenca del Duero.

Así, reclamó al Ministerio de Justicia datos para cuantificar la asunción de la competencia de Justicia e incidió en su voluntad de convocar a los cuatro grupos de trabajo entre mayo y junio para poder avanzar en la transferencia y concretar los datos necesarios para evaluar el coste de la misma, en este punto se refirió a cerrar el calendario de los grupos de Informática, Personal, Inversiones y Coste Efectivo, ya que éste último no se ha reunido por el momento.

Sin embargo, la titular de la Consejería de Hacienda condicionó la asunción de la Justicia a la certeza de poder prestar un servicios de calidad y nunca "sin poder mejorar ni aportar algo nuevo" y consideró poco razonable el "ultimátum" dado por el Ministerio de Justicia, por lo que reclamó que desde el Gobierno de España se esté "más abierto" para avanzar en la transferencia "sin prisa pero sin pausa".

En este sentido, destacó como otros puntos clave de la negociación la dispersión de las sedes judiciales en Valladolid, el edificio de Segovia, la solución a la accesibilidad a sedes y la adaptación de los juzgados a discapacitados.

Del Olmo recordó que el Ministerio cuantifica la transferencia en unos 134 millones de euros, una cifra que ha extraído la Junta de la suma de los datos aportados relativos al pago de nóminas de personal, gastos corrientes e inversiones, entre otros.

Sin embargo, Del Olmo incidió en la necesidad de contar con los datos de las nóminas de 2009, al tiempo que reclamó los costes de la justicia gratuita, de los juzgados de paz, de las inversiones en materias como informática y edificios.

La consejera advirtió finalmente "cierta tendencia del Gobierno" a que se asuman de forma paralela las dos transferencias pendientes, cuando, desde su punto de vista y dada la naturaleza de cada una de las competencias, "ni tienen por qué negociarse de forma paralela".

Críticas del psoe

Por su parte, el representante del PSOE en la Comisión Mixta de Transferencias, Francisco Ramos, criticó la convocatoria de la reunión de hoy porque "no se ha tomado ni una decisión, ni un papel ni una información, estamos donde antes", señaló, al tiempo que recordó que la negociación de la transferencia de Justicia lleva abierta desde 2002 y "no se han dado pasos adelante".

"Los responsables de la Junta de Castilla y León son poco celosos con el autogobierno", incidió Ramos, quien criticó además que no se haya aportado "ni un sólo dato" sobre la transferencia de la Cuenca del Duero, por lo que consideró que la negociación que se están llevando a cabo obedece más a un plano político que administrativo.

Ramos destacó que la Junta no tiene voluntad de asumir la competencia de Justicia, al tiempo que pidió al Ejecutivo regional que detallé que documentos considera necesarios.

Finalmente, el representante del PSOE en la Comisión Mixta negó que se haya producido un "ultimátum" del Gobierno, así como que éste haya condicionado la transferencia de Justicia a la del Duero, tras lo que se preguntó qué papel lleva a cabo la Gerencia regional de Justicia y la Consejería de Interior y Justicia. "Cuando no se quiere siempre hay posibilidad de eludir responsabilidades", concluyó.