El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Velasco, negó toda responsabilidad de miembro alguno del Ejecutivo autónomo en el caso de corrupción urbanística de La Muela (Zaragoza) y recordó que el Gobierno carece de mecanismos legales de control de la legalidad en las Administraciones locales. "No tenemos ninguna responsabilidad", dijo.

Velasco sustituyó hoy al presidente del Gobierno autónomo, Marcelino Iglesias, en la comparecencia ante el Pleno de las Cortes de Aragón, donde afirmó que, tras la reciente modificación de la legislación aragonesa que atañe al urbanismo, "sería imposible" aprobar la reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, años atrás, permitió a la alcaldesa muelana, María Victoria Pinilla, realizar las operaciones urbanísticas que motivaron la investigación judicial.

Según el consejero, las imputaciones sobre una alcaldesa y 23 personas más "son de suficiente gravedad para dejar que el proceso judicial siga su procedimiento normalizado" y el Gobierno autónomo "no tiene ningún mecanismo para controlar a ningún alcalde que quiera cometer un delito de la envergadura" del caso que se juzga en el caso La Muela.

"No hay ningún miembro responsable del Gobierno de Aragón que haya sido imputado", aseveró el consejero, quien insistió en que, en el Gobierno regional, "no tenemos ninguna responsabilidad" en este caso.

Javier Velasco señaló que los informes sobre los PGOU se aprueban después de que opine "mucha gente", entre otros los técnicos municipales, autonómicos y los políticos locales.

El titular de Presidencia señaló que el PSOE ha configurado acuerdos sobre urbanismo, infraestructuras y obras con partidos de todos los signos políticos, en los Ayuntamientos, y el de La Muela es el primer caso de corrupción judicializado. "Podemos sentirnos satisfechos en conjunto porque en 11 años sólo este caso está en los tribunales", sentenció Velasco.

Velasco señaló que el Gobierno de Aragón no tiene copia alguna del sumario que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) sobre el caso, por lo que "no lo podemos valorar".

Javier Velasco contó con el apoyo de la diputada del PSOE Maite Pérez, quien dijo que el caso La Muela se ha convertido en una "herramienta para desgastar al Gobierno" autónomo y opinó que "no se trata de dar opiniones" en el Parlamento sobre el caso, ya que el "nivel de responsabilidad" es mayor.

"No entiendo cómo se puede estar exigiendo responsabilidades" al Gobierno autónomo, entre otros motivos porque, durante la instrucción judicial, hasta ahora, "no se ha plantedo ninguna duda" sobre hipotéticas responsabilidades jurídicas del Ejecutivo regional.

Al PSOE "no le gusta" que ningún cargo público que haya estado en la cárcel y continúe imputado siga como alcalde, en alusión a la alcaldesa, María Victoria Pinilla.

El diputado del PAR, Miguel Ferrer, manifestó la condena de los regionalistas sobre todos los casos de corrupción y pidió que caiga todo el peso de la Ley sobre aquellas personas relacionadas con la corrupción, tras lo que reivindicó el derecho a la presunción de inocencia y proclamó que la mayoría de los cargos públicos son inocentes.

"El caso La Muela es aislado", continuó Miguel Ferrer, quien confió "plenamente" en el Estado de Derecho y aseguró que los regionalistas seguirán trabajando "por y para Aragón". OPOSICIÓN

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Eloy Suárez, señaló que la coalición PSOE-PAR ha atacado "la calidad de la democracia" por haber tardado más de un año en llevar al Pleno de las Cortes el debate sobre la corrupción en La Muela.

Suárez prosiguió afirmando que decir que la coalición autonómica PSOE-PAR no tiene nada que ver en el caso es "negar la realidad" y añadió que de lo ocurrido en La Muela "hay responsables penales y políticos", los últimos de los cuales deben ser señalados en el Parlamento autónomo.

El dirigente del PP-Aragón negó que "la culpa" del caso sea de "la Ley" y no a personas concretas, tras lo que explicó que todos los delitos que se imputan a los acusados "tienen la misma base", como es la expansión urbanística descontrolada en La Muela.

Eloy Suárez preguntó a los miembros del Gobierno si "ustedes tienen la conciencia tranquila", tras lo que expresó que el Gobierno PSOE-PAR "podía haber parado" lo que se estaba preparando en La Muela, pero optó por favorecer "el caldo de cultivo".

La presidenta de Chunta Aragonesista (CHA), Nieves Ibeas, criticó, al igual que Suárez, que el debate de hoy se haya retrasado 14 meses desde que fue solicitado, lo cual "no entiende nadie" y aprovechó para criticar al jefe del Ejecutivo autónomo por no participar en el debate.

La presidenta de CHA dijo que la mayor parte de la clase política "son gente honrada" y expresó que el ejercicio de la política "debe fundamentarse en el principio de servicio a la sociedad".

Ibeas preguntó sobre las posibles "responsabilidades" del Gobierno autónomo en el caso y aseveró que el caso La Muela "tiene que ver con el urbanismo" y también con "la falta de ética, la falta de honestidad", tras lo que indicó que la Comisión Provincial de Urbanismo "funcionaba antes y ahora" y es, precisamente, la pieza que relaciona al Gobierno de Aragón con el caso.

La parlamentaria de Chunta quiso saber cómo se justifican "los cambios de criterio y la arbitrariedad absoluta" que a su juicio está presente en el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes respecto al caso La Muela y aludió a las sorpresivas modificaciones de criterio, supuestamente por "presiones", en las decisiones del Departamento.

Ibeas dijo que el Ayuntamiento de La Muela vendió suelo por valor de más de 6.000 millones de las antiguas pesetas, la mayor parte durante la coalición de Gobierno autonómico PSOE-PAR.

La dirigente de CHA espetó a Velasco que "podían haber hecho algo" y recordó que fue el propio Velasco quien propuso suspender el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hace más de tres años, pero se opuso a ello "el señor Biel".

Preguntó a Velasco "por qué silencia" las actuaciones realizadas por la Administración autónoma en el caso y como ejemplo mencionó la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio (CPOT), que autorizó las operaciones urbanísticas.

Asimismo, Nieves Ibeas vinculó el caso al Partido Aragonés (PAR) y solicitó que el Gobierno de Aragón se persone como parte en la causa judicial.

El diputado de IU, Adolfo Barrena, recordó que hay otros casos de corrupción, como la red Gürtel o el supuesto caso de la localidad de Seseña (Toledo), cuya denuncia por parte de IU ha derivado en la imputación de los propios denunciantes.

"Sinvergüenzas, chorizos, corruptos, a la cárcel", animó Barrena, quien urgió a impedir que los tránsfugas puedan concurrir a las elecciones.