El sindicato CSIF ha acusado hoy al Principado de Asturias de generar una situación de "desconcierto e inseguridad jurídica" a los trabajadores al servicio de la Administración de Justicia por las carencias y la insuficiente formación asociada a la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de gestión procesal, Minerva NOJ.

En una nota de prensa, el portavoz del sindicato, Luis Pérez, recuerda que la entrada en vigor, ayer, de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal, para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial colapsó hoy el Centro de Gestión de Sistemas Informáticos del Principado de Asturias, impidiendo la realización de un auto de libertad y de varias liquidaciones de condena.

Desde CSIF, consideran que la norma, que modifica un total de dieciocho leyes, es "un paso necesario y decisivo para proceder a la reforma de la organización de Juzgados y Tribunales conforme a los principios de eficiencia, eficacia y racionalidad". En este sentido, lamentan que la Administración del Principado "no ha desarrollado durante los últimos meses la labor de impulso y formación precisa para el uso de las herramientas tecnológicas que se precisan".

Por ello, exigen que sea el Gobierno autonómico, por su "negligencia administrativa" quien asuma los riesgos de error y las consiguientes responsabilidades de las que habrán de responder los trabajadores, "en aras a la independencia judicial".

"A pesar de que la Administración dice que el Minerva NOJ integra la totalidad de las modificaciones procesales introducidas por la nueva ley y permite una configuración flexible de las unidades responsables de los trámites a realizar, lo cierto es que los funcionarios judiciales han pasado de una formación de apenas 2 horas a otro programa, lo que provoca gran inseguridad laboral y jurídica entre el colectivo", apunta el comunicado.

A juicio de CSIF, la implantación de un sistema de formación a través de un manual de usuario de más de 200 páginas es "claramente insuficiente y genera gran desconcierto e inseguridad además de una ralentización del servicio que no se puede consentir".