Unas 1.200 profesores, padres y alumnos de la enseñanza concertada extremeña, según los cálculos de la Policía Nacional, se concentraron este miércoles en Mérida, frente a la Consejería de Educación, "en defensa de la enseñanza concertada", debido al "trato desigual" y los "ataques indiscriminados" que reciben de la administración educativa.

El responsable de la Federación de Enseñanza de USO-Extremadura, Guillermo Sanabria, leyó un manifiesto apoyado por su sindicato, además de FSIE y FETE-UGT, así como por la organización de Escuelas Católicas de Extremudura (Fere-Ceca y EyG), en el que hizo referencia a la supuesta campaña de "descrédito hacia la enseñanza concertada", donde se han suprimido "indiscriminadamente unidades" educativas que están "suficientemente demandadas".

"Como ciudadanos, y contribuyentes de un estado social y democrático de derecho, debemos tener las mismas oportunidades y las mismas prestaciones en todos los centros educativos de Extremadura, sostenidos con fondos públicos, independientemente de la titularidad que lo represente", destacó Sanabria.

En concreto, hizo referencia a la "supresión" de módulos de grado medio de los ciclos formativos, "justificándolo en la falta de fondos para aplicar la nueva configuración de la formación profesional.

No obstante, añadió, en febrero de este año se publicó en el Boletín Oficial del estado (BOE) el acuerdo entre la Consejería de Educación y el Ministerio, en el que "se produjo un aumento del presupuesto en tres millones de euros, para poder sufragar el costo de las modificaciones de los ciclos formativos con la implicación de la nueva ley.

Se pone en peligro la "estabilidad" de los docentes

El secretario de la organización de Escuelas Católicas de Extremudura, Ivan Hoda, declaró a los periodistas que en el próximo curso podrían desaparecer hasta "17 unidades" educativas, pese a que la demanda de alumnos "aumenta". Según dijo, se podría poner "en peligro" la "estabilidad familiar y económica de los docentes como consecuencia de los posibles despidos o reducciones de jornadas".

Hoda hizo referencia a supuesta "discriminación" que sufren las familias de la enseñanza concertada, teniendo en cuenta, dijo que "se les niega el derecho de disfrutar de becas, ayudas o programas de refuerzo educativo". En concreto, se refirió al intercambio lingüístico 'Linguaex', al que "no tienen acceso los alumnos de la concertada", y a la "negación a las familias" a un acceso gratuito al transporte escolar, los comedores escolares y las aulas matinales.

En opinión su opinión, la Administración autonómica ha aumentado el número de centros concertados en Extremadura porque "se les obligó por ley" en 2005, de manera que "no se ha dado nada nuevo que no viniera impuesto por la ley".

Asimismo, criticó el hecho de que "se construyan nuevos centros públicos en municipios donde la oferta de centros concertados está cubierta". "En Don Benito, Plasencia y Badajoz se prevén construir nuevos centros, cuando la oferta está suficientemente cubierta con los centros públicos y los concertados que existen en la actualidad", según Hoda.

No obstante, la demanda de los padres en el pueblo, "sea poca o mucha, es hacia los centros concertados, de manera que se "vulnera el artículo 27 de la Constitución Española, que "garantiza el derecho de los padres a elegir el centro de acuerdo con sus propias convinciones", sentenció.

"combatir la enseñanza concertada en beneficio de la pública"

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Docentes de Enseñanza Concertada de Extremadura, Víctor Rodríguez Corbacho, lamentó la "dinámica de combatir la enseñanza concertada en beneficio de la pública.

Según dijo, el paso año fueron rechazadas un total de "76 unidades solicitadas, algunas de ellas consistentes en unidades de apoyo destinadas a contribuir al éxito educativo extremeño frente al abandono escolar". Según explicó, la Consejería de Educación "denegó para el presente curso académico hasta 46 unidades destinadas al refuerzo educativo"·

"Estamos regulados por la Constitución, que regula todo el sistema educativo español y defiende por ley la doble red", según Rodríguez Corbacho, quien señaló que "no debe haber un carácter subsidiario", ya que "se sabe que la eficiencia de una y la otra es idéntica".