El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Aragón, Pedro Coduras, valoró hoy positivamente la creación por parte del Ejecutivo central de la prestación social para desempleados que ya no perciben el paro, en un momento de crisis económica, y dijo que en Aragón en febrero se beneficiaron de ella unos 10.500 inmigrantes.

Coduras argumentó, durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Sociales de las Cortes de Aragón, que esto supone una "cobertura y protección social" a extranjeros desempleados "sin precedentes", gracias a la cual "no requieren de otro tipo de ayudas" y que "garantiza derechos frente a otros sistemas de subvenciones y ayudas".

El director general compareció a propuesta de la consejera de Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández, para informar sobre la evaluación intermedia 2008-2009 del Plan Integral para la Convivencia Intercultural en Aragón 2008-2011.

Coduras afirmó que los evaluadores del plan lo han calificado como una herramienta "útil", que sirve para planificar y es "flexible" ya que "puede ir adaptándose a las condiciones cambiantes".

A este respecto, reconoció que la situación actual ha sufrido un "cambio radical" respecto a 2007, año en que se realizó la evaluación para elaborar el plan, con un impacto del desempleo "especialmente significativo" en la población inmigrante, paro que en el cuarto trimestre de 2007 duplicaba al de la población autóctona y que ahora lo "triplica", dijo.

Balance en cifras

El director general indicó que se han realizado el 90 por ciento de las medidas previstas en el plan y se ha gastado más del 50 por ciento del total, con 136 actores trabajando en él y siete Departamentos del Gobierno aragonés implicados.

Respecto a los ejes, explicó que en materia de acogida no se han ejecutado dos medidas de las previstas en el periodo evaluado, como es el catálogo de servicios, "que se está elaborando", y un programa de formación básica para inmigrantes "que se está realizando en el primer semestre de este año".

En el eje de inclusión, manifestó que el presupuesto ha crecido un 11 por ciento y se han dejado de ejecutar cinco medidas, entre ellas, los protocolos comunes en materia de acción social, la homologación de títulos superiores, y la adecuación del servicio de ayuda a domicilio a las familias de origen extranjero.

En relación con esta última medida, comentó que aplicar sería discriminatorio ya que el criterio debe ser la situación socioeconómica y no el origen extranjero de la familia; sobre la homologación de títulos apuntó que no es competencia de la Comunidad autónoma.CONVIVENCIA

Coduras señaló que el eje de convivencia ha sufrido un aumento presupuestario del nueve por ciento y se han dejado de cumplir cinco medidas, como la elaboración de un Código Ético para medios de comunicación, por considerar más conveniente realizar un estudio del tratamiento de la inmigración en los medios y promover buenas prácticas.

Tampoco se ha creado el buzón de sugerencias contra el racismo y la discriminación. Este eje incluye también la creación de un observatorio permanente, sobre cuya estructura se alcanzó un "consenso" a finales del año pasado y cuya constitución está "en tramitación".

El director general se refirió a las propuestas realizadas por los evaluadores, como son incidir en la formación, el empleo y en "facilitar la convivencia de proximidad, en barrios, pueblos y ciudades", así como aportar "una imagen más realista y veraz de la inmigración en Aragón".

Finalmente, abogó por "trabajar en sensibilización y en un mayor conocimiento mutuo", para lograr incorporar a los inmigrantes como "nuevos aragoneses" por "razones demográficas" y estimó que hasta ahora "hemos avanzado adecuadamente", si bien "nos quedan cosas por hacer".

Salir de los planes

La diputada del Partido Popular, Carmen Susín, opinó que si "sacamos" al Gobierno del discurso de los "planes, guías y páginas web es incapaz de hacer una auténtica política de integración, para la que se necesitan decisiones, medidas y dinero".

El diputado de Chunta Aragonesista, Chesús Bernal, criticó que la documentación para la comparecencia les hubiera llegado a los grupos esta mañana, al tiempo que se interesó por el "avance real y beneficioso" de las medidas del plan para toda la población, y por la situación de los menores extranjeros no acompañados, que, según algunos informes, están, en ocasiones, "en situación de indefensión".

El diputado de Izquierda Unida, Adolfo Barrena, señaló que "no se está consiguiendo una igualdad de trato" de los inmigrantes "en todos los ámbitos de la administración pública" y no sólo en el Gobierno de Aragón, al tiempo que estimó que la transversalidad "se ha empezado a percibir, pero todavía no se ha conseguido".

La diputada del Partido Socialista, María Ángeles Ortiz, uno de los grupos que apoya al Gobierno, manifestó que la valoración cuantitativa que los objetivos conseguidos es "muy alta" y ha habido un "incremento presupuestario importante en las actuaciones prioritarias", además de que la evaluación intermedia ha permitido comprobar que el plan es "útil".

La diputada del Partido Aragonés, María Herrero, el otro grupo que apoya al Gobierno, precisó que "se ha dado cumplimiento al mandato de las Cortes de participación en la fase de evaluación intermedia" y remarcó la "flexibilidad" que permite el plan, especialmente ante la actual coyuntura "económica y social".