Cano, que presidió hoy en Sevilla una reunión del Consejo Andaluz, explicó a Europa Press que los problemas en torno a la contratación pública "llevan en la mesa del Consejo Andaluz y en la junta de gobiernos de todos los colegios andaluces desde hace bastante tiempo" y alertó de las "contradicciones" que supone la "contraposición" entre la eficacia que pretende las administraciones y las garantías de transparencia, igualdad y concurrencia en la contratación pública, que persiguen los arquitectos "y que exigimos en todos los contratos".

Recordó que ya en 2001 la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas "obligó a emprender una importante litigiosidad entre Consejo andaluz y colegios provinciales frente a la Junta y los entes públicos asociados a la Administración", toda vez que "optan por adjudicar mediante concursos restringidos, a los que recurren en exceso, cuando lo ideal sería una mayor participación y transparencia".

Agregó que la Empresa Pública del Suelo de Andalucía implantó un registro técnico por especialidades y por provincias necesario para poder contratar, listado que fue recurrido por el Consejo Andaluz "y que obligó a la empresa pública a revocar su postura".

Apuntó que también el ente de Infraestructuras de Servicios Educativos "adoptó un sistema parecido al adoptar el llamado acuerdo marco, ante el que el Consejo Andaluz de Arquitectos interpuso un recurso contencioso administrativo a cada concurso". Precisó que dicho sistema "fue declarado ilegal por una sentencia de mayo de 2009, y aunque la Junta recurrió, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó sentencia de 10 de marzo para respaldar la primera decisión judicial y confirmar la ilegalidad del acuerdo marco".

Advirtió de que ante esta panorama "cada provincia tiene establecido en los dos últimos años una media superior a 15 litigios" por cada zona. Esos litigios van dirigidos a "hacer cumplir que se valoren las propuestas técnicas y la calidad arquitectónica de los trabajos", entre otras cuestiones.

Cano lamentó que aunque las leyes se van modificando para cumplir las sentencias judiciales "las administraciones siguen bordeando las leyes y nos obligan a estar recurriendo constantemente, toda vez que buscamos un sistema donde prime la transparencia, igualdad y concurrencia pública, y donde primera la calidad de los profesionales".

En ese sentido, se mostró dispuesto a colaborar en la búsqueda de procedimientos "que permitan ahorrar tiempos y esfuerzos para evitar los enormes gastos de participación".

No obstante, criticó que las administraciones "exigen unos requisitos de experiencia desproporcionados, que nos obligan a recurrir continuamente" y puso como ejemplo un concurso anulado por el TSJA donde se establecía una exigencia de diez años de colegiación para participar en un concurso público de proyectos de obras. "Se está limitando mucho la participación de nuevos profesionales, y los tribunales nos están dando la razón en eso", aseveró.

Por ello, los colegios andaluces reclamaron hoy a Junta y ayuntamientos que "valoren la existencia de una propuesta técnica y la calidad arquitectónica del trabajo que se debe efectuar". Pidieron que se exija a las sociedades profesionales "su inscripción en el registro colegial correspondientes, igual que a los arquitectos a título individual".

Además, pidieron que se establezcan "unos criterios de solvencia técnica proporcionales al objeto del concurso, de forma que no se exijan unos criterios de experiencia desproporcionados al volumen de obra".

Pidió que la intervención en obra pública sea equiparable a la intervención en obras privada y que ésta ultima compute en los concursos, toda vez que "resulta difícil acceder el círculo de contrataciones públicas para los arquitectos que trabajen para empresas privadas".

Presencia de los arquitectos en las mesas

Asimismo, pidieron que "no se exijan como requisito de incorporación en el equipo de profesionales para desarrollar aspectos del proyecto para los que el arquitectos es competente, toda vez que a veces se exige determinadas ingenierías y a veces para obras pequeñas exigen un equipo multidisciplinar demasiado grande".

Cano pidió en nombre de los arquitectos que "se sustituye el criterio de distancia o residencia del profesional por el de asistencia" y exigió la presencia del Consejo Andaluz en las mesas de contratación públicas, algo que "se contempla en las leyes pero no se exige como tal".

Recordó en ese sentido que los colegios de arquitectos "son corporaciones de derecho público y deben cumplir el principio de colaboración y cooperación y lealtad institucional, mediante esa mayor participación".

"Es necesario restablecer esas relaciones con las administraciones, que nos proponen soluciones a los conflictos abiertos, pero son soluciones cerradas, donde la capacidad de intervención es mínima", se lamentó Cano, quien también criticó que "nuestra opinión no se está teniendo en cuenta, por ejemplo en materia de calidad arquitectónica, donde las administraciones están obligadas a defender ese principio".

Por ello, Cano reclamó que las administraciones "no estén siempre al límite de la legislación para intentar ganar en eficacia sino que se vaya a una mayor transparencia".

Precisó que mantienen en ese sentido contactos con la Junta de Andalucía "pero la situación no avanza, lo que nos obliga a exponer públicamente el problema".