Los Colegios de Ingeniería y Arquitectura de Murcia se manifiestan el viernes en Madrid contra la Ley Omnibus

Dicen que quieren seguir siendo "garantes de la seguridad de la sociedad" y que esta modificación supondrá destruir miles de empleos

Los Colegios Profesionales de Ingeniería y Arquitectura de la Región de Murcia, que aglutinan a un colectivo de más de 10.000 profesionales de las distintas ramas técnicas, se manifestarán el próximo viernes, 7 de mayo, en Madrid junto con miembros de otros colegios profesionales del país frente a la Ley Omnibus, considerada "injusta" por estos colectivos.

Y es que, según explicaron en rueda de prensa los decanos y presidentes de los distintos colegios profesionales de la Región, el modo como se está llevando a cabo la transposición de la Directiva Europea de Servicios en España "puede producir daños irreparables a la sociedad española".

Hasta hoy, los ingenieros y arquitectos se han agrupado en colegios profesionales, "entidades corporativas de derecho público, sin ánimo de lucro, recogidas en la Constitución, organizadas democráticamente, que prestan un servicio fundamental a la sociedad: la ordenación del ejercicio de las profesiones, desarrollando una labor científica y técnica que cuida especialmente la integridad física y seguridad de las personas y protege los intereses de los consumidores y usuarios".

La legislación que desarrolla la Ley Omnibus, manifestaron, "pretende acabar" con los Colegios Profesionales de Ingenieros y Arquitectos "al no reconocer sus funciones". Los colegios, añadieron, "han venido asumiendo la responsabilidad de las actuaciones profesionales del ingeniero o arquitecto, actuaciones que han generado crecimiento y riqueza en la sociedad".

De hecho, recalcaron, "son mínimos los daños, catástrofes y reclamaciones graves en los últimos 50 años en aquellos trabajos donde unos de estos técnicos ha intervenido profesionalmente".

"No podemos permitir que se ocasione el daño irreparable de desnaturalizar o hacer desaparecer los colegios profesionales, no somos asociaciones gremiales en defensa corporativa de un grupo profesional, sino instituciones que, por delante de la prestación de servicios a sus colegiados, velan por el correcto desempeño de las actividades profesionales, contribuyendo a la evolución y mejora profesional de sus componentes siendo generadores de innovación", matizaron los decanos y presidentes de los Colegios Profesionales de Ingeniería y Arquitectura de la Región.

La intervención de los colegios, a su juicio, "no implica ninguna barrera de entrada en el mercado para los profesionales, cuestión que, en caso de prosperar los propósitos del Gobierno, se verá seriamente comprometida por las dificultades para disponer de seguros de responsabilidad civil".

En este sentido, el decano de Ingenieros Industriales, Pedro Jiménez, explicó que se pretende que "una buena parte de los trabajos que deben someterse a ese control obligatorio del visado se ha eliminado porque se entiende que no son necesarios".

No habrá garantías ante terremotos

Pero, añadió, "nos encontramos con que otras instalaciones en las que se manejan líquidos tóxicos, líquidos combustibles o explosivos y redes de gases combustibles, dejan de estar recogidas y no se reconoce la gravedad de que esas instalaciones no estén echas adecuadamente".

"No se puede desregular de esta forma el mercado", insistió Jiménez, quien señaló que con esta nueva norma pueden perderse miles de empleos en la Región de Murcia.

Al hilo, el decano de Arquitectos, Francisco Camino, aseguró que "nosotros garantizamos la calidad de la construcción ante los terremotos. Estamos en una zona muy peligrosa sísmicamente, pero esa garantía se va a perder". Además, "somos una garantía contra la corrupción, si se pierde ese control aumentarán los casos", advirtió.

La repercusión económica de los servicios, señalaron, "es mínima, el 0,03 por ciento del propio proyecto, que corre a cargo de los propios profesionales, y el tiempo medio que implica la intervención colegial en los trabajos es de tres días, que comparados con las tramitaciones administrativas resultan ínfimos para las garantías que aportan".

El Gobierno, continuaron, "pretende elaborar una norma ignorando la opinión social, ya que el 77,7 por ciento, según una encuesta, es consciente de la necesidad de pertenecer a los colegios profesionales". Dicha norma "dejará desprotegida a la sociedad", matizaron.

Por lo que hicieron un llamamiento a las administraciones públicas, autonómica y local, "para que en el ámbito de sus competencias cuenten con la colaboración de los colegios profesionales para prestar un mejor servicio a la ciudadanía".

Y es que, concluyó su comunicado, "queremos construir, no destruir; queremos diálogo, no imposición; queremos seguir siendo garantes de la seguridad de la sociedad".

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