Los denunciantes, que representan a los bingos, los casinos y la confederación de empresarios del juego, destacaron que han interpuesto denuncias en diecisiete comunidades autónomas, en el Ministerio del Interior y en la Agencia Tributaria y que las mismas también han sido suscritas por la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR) y por distintas asociaciones autonómicas integradas en COFAR.

Además, señalaron que las patronales españolas del juego privado llevan "varios" meses trabajando con el bufete de abogados de Garrigues, para estructurar la denuncia conjunta contra la actividad ilegal que ofrecen los operadores de juegos por Internet, que trabajan "sin autorización ni control".

El vicepresidente ejecutivo de COFAR, Eduardo Antoja, dijo que con las denuncias se trata de lograr el "cese inmediato" de la oferta de juego ilegal en España a través de medios telemáticos, así como conseguir que se ponga "fin a la competencia desleal" que las empresas de juego privado, legalmente establecidas, vienen sufriendo desde hace tiempo.

En ese sentido, explicó que los operadores ilegales no se ciñen sólo a Internet sino que utilizan también telefonía móvil y otros soportes tecnológicos, y que "lejos de ocultar su actividad, se publicitan en los soportes más codiciados, como las camisetas de equipos de fútbol de Primera División".