El Procurador del Común de Castilla y León recibió durante 2009 un un total de 2.484 quejas, el seis por ciento más que en el año anterior, a las que se suman 51 acciones iniciadas de oficio por la Institución, según indicó hoy el propio Procurador, Javier Amoedo, quien señaló que los informes favorables al interesado se incrementaron durante el pasado año hasta situarse en el 59 por ciento.

Como es habitual, León, Valladolid y Burgos aglutinaron el mayor número de solicitudes, que supusieron el 24, el 15 y el 14 por ciento del conjunto respectivamente, mientras que Ávila (con el 5 por ciento) y Soria (con el 3 por ciento) fueron las provincias que menor número de quejas formularon.

Amoedo entregó hoy al presidente de las Cortes, José Manuel Fernández-Santiago, el Informe Anual de 2009, que revela una vez más que son las cuestiones relacionadas con el régimen jurídico de las corporaciones locales y los bienes y servicios municipales así como los asuntos relacionados con la familia y la igualdad de oportunidades los que generan más protestas por parte de los ciudadanos.

Además, el Procurador informó de que 33 de las 51 actuaciones de oficio se centraron en sanidad y destacó entre ellas las relativas a la deficiencia del servicio de pediatría en zonas rurales, la Unidad de Oncología en el Hospital de Ávila, la accesibilidad o la reserva de plazas para personas discapacitadas.

Asimismo, en declaraciones recogidas por Europa Press incidió en la referente al consumo de alcohol entre menores y, en este sentido, indicó que uno de los expedientes solicitaba a administraciones y familias mayor vigilancia en el consumo y la venta de bebidas a los jóvenes en establecimientos públicos.

En total, el Procurador dictó 686 resoluciones, 653 de ellas a instancia de parte y 33 en forma de expediente de oficio, que resultaron favorables para los interesados en el 59 por ciento de los casos y favorables a la Administración en el 41 por ciento de ellos.

Registro de administraciones no colaboradoras

En cuanto a los informes enviados a las administraciones, Amoedo cifró en 605 los recibidos por parte de la Junta de los 622 remitidos y en 1088 los enviados por los ayuntamientos de los 1.158 solicitados, y aseguró que tuvo que archivar 50 expedientes por falta de respuesta por parte de los gobiernos autonómico y local.

Al hilo de esto, expresó que la ausencia de respuesta de la Administración es una "vulneración" de los derechos de los ciudadanos en el uso de esta institución y se refirió a la futura creación de un Registro de Administraciones no Colaboradoras, que una vez se ponga en funcionamiento servirá para poner en conocimiento de la sociedad "en qué ocasiones el Procurador no puede hacer su función".

Además, manifestó que existe un artículo en la Ley que tipifica estas situaciones como un "delito de desobediencia" y aseguró que estaría dispuesto a tomar acciones legales en caso de tener la certeza de que fuera a haber sentencia condenatoria para la administración que no colaborara.

Amoedo afirmó que existe un antecedente de este tipo emprendido contra un consistorio vasco, pero reconoció que aunque algunos ayuntamientos en Castilla y León son "reacios a contribuir" —puso como ejemplo el de San Juan del Molinillo, en Ávila— "por regla general la Administración colabora".

El informe completo relativo al ejercicio de 2009 está disponible en la página web de esta institución (www.procuradordelcomun.org).