El presidente de la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Comunitat Valenciana, Julián Marcelo indicó que el número de camas para estos enfermos en la Comunitat actualmente ronda las 2.200, a las que se suman las "escasas" 600 de la conselleria de Sanidad, que se ocupa de las urgencias, explicó. Según sus cálculos, un tercio de lo que sería necesario.

No obstante, indicó que la conselleria de Bienestar Social se plantea llegar a las 6.600 en 2013-2014, "que son todas las que faltan" actualmente, dijo, "para acercanos a lo que exige en este momento los protocolos europeos".

Lamentó igualmente la "desconexión" entre la conselleria de Sanidad y la de Bienestar Social. En este sentido, señalaron que "la Administración sanitaria debe asumir la atención y el seguimiento de la persona enferma de manera integral".

Eso quiere decir, apuntó, "que diagnosticada la enfermedad, se tenga la asistencia de psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales de manera regular y no cada dos o tres meses, donde solo se controla la medicación. La Administración debe coordinarse internamente entre sus diferentes departamentos".

También criticó que en la Ley de Dependencia no están bien valorados, puesto que esta norma, indicó, "está para los problemas de dependencia física".

Según datos de la asociación, mientras en España en 2008 había nueve psiquiatras y diez camas por cada 100.000 habitantes en la Comunitat en ese mismo año había 5,25 psiquiatras y 6,33 camas para 100.000 habitantes, indicó Joan Gómez, vicepresidente de ASIEM.

Asimismo, denunció "la falta de recursos que sufren las personas con enfermedad mental" porque "muchos de los enfermos están abandonados en sus casas por diferentes motivos y es fundamental una atención digna equiparable a cualquier otra enfermedad debiendo tener una atención con detección precoz hasta el final de la vida puesto que es crónica".

ASIEM expuso la "necesidad de clubs de ocio y centros psicoterapéuticos suficientes para facilitarnos la inserción social, así como también, como la fase final de los recursos de atención a la persona enferma, la inserción laboral en la medida de nuestras posibilidades"..

Paralelamente, recordaron que "como consecuencia del deterioro el enfermo por la falta de atención sociosanitaria no pueden trabajar y necesitan tener acceso a una pensión digna y no ser una carga para las familias. Si los enfermos consiguen vivir independientes, tienen derecho a una asistencia social y sanitaria en las casas como cualquier otra persona dependiente".

El acceso a viviendas tuteladas, supervisadas y autónomas "es necesario para conseguir un nivel de autonomía personal que nos acerque, por lo menos, a los derechos que la Constitución prevé para toda la ciudadanía: salud, trabajo y vivienda digna", agregaron.

También solicitaron que el ingreso involuntario sea "más fácil y eficaz".