La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía trabaja en la elaboración de un nuevo Reglamento contra la Contaminación Acústica que extenderá a todos los ayuntamientos, independientemente de su población, la obligación de elaborar ordenanzas municipales contra el ruido, precepto que hasta ahora sólo se aplicaba a los municipios de más de 20.000 habitantes.

Según explicó a Europa Press el director general de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano de la Junta de Andalucía, José Fiscal, la Administración ambiental pretende con este reglamento, que se aprobará en el plazo de unos cuatro meses, hacer frente al "principal problema ambiental" que identifican los ciudadanos en el ámbito municipal, según recoge el Ecobarómetro de Andalucía.

Así, el futuro reglamento, contemplado en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA), tiene como objeto regular la calidad del medio ambiente atmosférico para prevenir, vigilar y corregir la contaminación acústica por ruidos y vibraciones y proteger la salud de los ciudadanos.

La contaminación acústica, generada por la actividad de instalaciones industriales, el transporte, la construcción o actividades de ocio, afecta hoy en día a un tercio de la población de la Unión Europea. Sus efectos sobre la salud pueden ir desde la pérdida de sensibilidad del aparato auditivo a aceleración del ritmo cardiaco, aumento de la tensión muscular y presión arterial, irritabilidad, nerviosismo o alteraciones del sueño.

La nueva normativa establecerá, además, un régimen específico para las terrazas y veladores en cuanto a los niveles máximos de ruido aplicables; la definición de un contenido mínimo de los estudios acústicos para infraestructuras y planeamientos urbanísticos y la determinación de cuándo se produce un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se pone en grave peligro la seguridad de las personas.

Un centenar de actuaciones subsidiarias

Tal y como aclaró el director general, las competencias en la lucha contra la contaminación acústica se reparten entre las autoridades municipales y la Junta de Andalucía, de modo que los primeros son los encargados de elaborar las ordenanzas de protección contra el ruido procedente de la vía pública y el producido por actividades domésticas y vecinos, incluyendo las terrazas y veladores, que es en el ámbito dónde se producen mayor número de denuncias.

No obstante, señaló que puede darse el caso de que la Junta de Andalucía actúe subsidiariamente a petición de los propios ayuntamientos o de un denunciante por inactividad del consistorio. De hecho, precisó que durante el año 2009 la Consejería de Medio Ambiente tramitó un total de 100 solicitudes de actuación por "falta de capacidad o voluntad" de los ayuntamientos —42 por parte de corporaciones municipales y el resto petición ciudadana—.

Por provincias, fue Granada la que más reclamó la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente, con 34 solicitudes, seguida de Cádiz (23); Almería (13); Jaén (11); Córdoba (7); Sevilla (7) y Huelva (5).

Además, a lo largo de 2009 se efectuaron 15 mediciones por parte de unidades móviles de medición de contaminación acústica a petición de distintos juzgados. Las actividades que más intervenciones generaron son las relacionadas con el ocio (54); las actividades comerciales (17); las actividades industriales y de servicios (16) y la hostelería (9).CASI 290

Inspecciones industriales

Por otro lado, según recordó Fiscal, la Consejería de Medio Ambiente ostenta las competencias de control y vigilancia de la contaminación acústica que están sometidas a Autorización Ambiental Integrada o Autorización Ambiental Unificada, como, por ejemplo, carreteras autonómicas o provinciales, líneas de metro, parques eólicos o grandes industrias.

En este sentido, la Administración ambiental elabora un plan de inspección anual que para el presente año 2010 contempla un total de 289 inspecciones: 125 inspecciones a industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas; 71 en la industria del mineral; 28 instalaciones energéticas; 23 en instalaciones de tratamiento y gestión de residuos; 12 en industrias químicas y petroquímicas; y ocho en industrias extractivas y de producción y transformación de metales.