Un informe jurídico del Instituto Galego de Estudos Europeos e Autonómicos (IGEA), que preside el ex vicepresidente de la Xunta Anxo Quintana, alerta de "una serie de irregularidades" en el Plan de Ordenación do Litoral (POL), que según apuntan técnicos expertos en urbanismo, lo harían "contrario a Derecho".

Este informe elaborado por el doctor en Derecho, presidente del Consello Asesor de Práctica Urbanística y fundador del máster de Desarrollo Urbano de la Universidad de Salamanca, Enrique Sánchez Goyanes; así como por el abogado urbanista y máster en Urbanismo e Ordenación do Territorio, Ignacio Sanz Jusdado, hace hincapié en la "insuficiente" regulación que el POL contiene respecto a su convivencia con los planes urbanísticos municipales. A lo que añade que es "irrespetuoso" con la autonomía local.

En este sentido, los dos juristas destacaron que "de no corregirse" en su tramitación "traerá de la mano no pocos problemas de inseguridad política". Así, resaltaron que el POL es "una imposición de un completo y cerrado régimen urbanístico de usos y normas de protección", que en la práctica, "suplanta el planeamiento municipal".

En el primer término del informe, señalan que la Xunta comenzó a tramitar este plan sin haber aprobado previamente unas Directrices de Ordenación del Territorio por lo que, a su parecer, "se vulnera lo dispuesto en la Lei de Ordenación do Territorio".

Asimismo, en el documento elaborado para el IGEA se destaca la "extralimitación" alrededor de los contenidos y funciones que la Lei de Ordenación do Territorio "fija para este tipo de planes". A modo de ejemplo, el texto llama la atención sobre las previsiones de carácter proteccionista, la delimitación de ámbitos o el establecimiento de un régimen de usos del suelo.

Sin estudio económico

Así, Sánchez Goyanes y Sanz Jusdado llaman la atención sobre la cuestión de que el texto del plan del litoral elaborado por la Xunta "no tiene el imprescindible estudio económico", así como el documento que acredite su sostenibilidad financiera. Según recalcaron, este déficit es algo que "está siendo sancionado sistemáticamente por los tribunales con la nulidad de estos planes".

Además, detectan la falta de un régimen transitorio necesario para regular la aplicación paulatina de la nueva normativa, de forma que flexibilice la aplicación de las nuevas reglas en situaciones ya existentes, algo que ven como una exigencia "de orden casi constitucional".