El juzgado número 4 de lo contencioso-administrativo detectó que en el recurso no figuraba la comunicación de intervención profesional del letrado de ATRANZA, que está colegiado en Madrid y Valencia, pero no en Zaragoza y se le reclamaba que el Colegio de origen remitiera dicha comunicación. El letrado de ATRANZA lo ha presentado, si bien ha recordado al titular del juzgado que dicha comunicación se ha eliminado con la entrada en vigor de la Ley Omnibus.

El otro defecto, que también se ha subsanado, era el acuerdo de la junta directiva de ATRANZA en la que se faculta a su presidente para que faculte al abogado a presentar el escrito del recurso.

"Es un error subsanable hasta un día antes de emitir sentencia" precisaron a Europa Press fuentes jurídicas de ATRANZA. No obstante, se convocó de urgencia a la junta directiva el pasado miércoles, se expidió el certificado del acuerdo y ayer viernes se presentó ante el juzgado por el procurador.

Las mismas fuentes explicaron que será a lo largo de la próxima semana cuando el juzgado número 4 de lo contencioso administrativo admita o no a trámite el recurso presentado por ATRANZA y en el plazo de diez días emplace al Ayuntamiento para que remita el expediente administrativo sobre el tranvía.

Posteriormente, se habilita un plazo de 20 días para que ATRANZA habilite el escrito de demanda, pero antes analizará con detalle la documentación que remita el Ayuntamiento de Zaragoza puesto que los informes y documentos que reclaman son muy prolijos.

Denuncia ante la ue

Así mismo, ATRANZA presentó el pasado lunes una denuncia ante la Comisión de las Comunidades Europeas debido a "las infracciones cometidas por el Ayuntamiento de Zaragoza y la sociedad Mixta los Tranvías de Zaragoza SA", -según se expone en la denuncia- por el procedimiento llevado a cabo para la construcción y explotación de la Línea 1 del tranvía de la capital aragonesa.

Esta asociación apolítica, que agrupa a todas las PYMES, comercios, profesionales liberales, comunidades de vecinos afectados por las obras del tranvía pretende así reclamar los derechos de estas personas tras los daños producidos.

Desde la asesoría jurídica de ATRANZA precisaron que esta denuncia "puede suponer la paralización de las obras del tranvía" y puesto que esta vía judicial es más rápida la decisión podría adoptarse en uno o dos meses, puntualizaron.

Puesto que el mismo día que se interpuso la denuncia llegó a Bruselas telemáticamente, confían en que en los próximos días se requiera una primera información al Ministerio de Presidencia del Gobierno de España que se dirigirá al Ayuntamiento de Zaragoza y mientras se dirime el caso se pueden adoptar medidas cautelares.

LA finalidad última es que el Ayuntamiento de Zaragoza se siente con los comerciantes porque las obras de este primer tramo de la línea 1 del tranvía "son un destrozo para el comercio que está arruinado y también ha producido afecciones a los particulares".

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