Denunciada la anterior cúpula municipal de Marchena por dar una licencia de templo en zona verde

La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla ha denunciado a todos los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marchena que votaron a favor de una licencia, otorgada el 13 de junio de 2007, para construir un templo religioso y un edificio residencial en un terreno destinado a equipamientos del tipo áreas libres y zonas verdes.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, va dirigida también contra el arquitecto A.P.L.; los representantes legales de la promotora de las obras; los técnicos municipales que informaran favorablemente la licencia relativa al proyecto técnico; un vecino identificado como T.J.G., y contra "cualesquiera persona que intervinieran como técnicos directores de la edificación".

En este sentido, el Ministerio Público relata que, en el informe del actual arquitecto municipal remitido a la Fiscalía y redactado con fecha 22 de enero de 2009, se dice que en la localidad existe una parcela sobre la que se han alzado, al menos, dos edificaciones "ilegales". Esta parcela ubicada en la calle Estrella del municipio, según indica, es suelo urbano y está destinada a equipamiento del tipo áreas libres y zonas verdes.

Añade que, "a pesar de esa limitación", la empresa promotora encargó al arquitecto denunciado la redacción de un estudio de detalle en el año 2000, en el que se recogía que tenía uso residencial a pesar de que ocupaba la zona verde-espacio libre", todo lo cual determinó la edificación de un templo religioso y un edificio de viviendas, edificios "incompatibles con el uso al que está destinado el suelo".

"dificultad" de la investigación

Al hilo de esto, indica que, "a pesar de su incompatibilidad con el planeamiento urbanístico", la Junta de Gobierno Local aprobó la licencia, construyéndose ambas infraestructuras, que, según incide, "no son autorizables o legalizables conforme a las normas subsidiarias de planeamiento vigentes desde 1995".

La Fiscalía, que critica la "escasa" documentación enviada por el Ayuntamiento, lo que "dificulta" la investigación, considera que estos hechos son constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, que recoge una pena de prisión de entre seis meses y tres años.

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