En el coto privado de caza, ubicado en el interior de la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) denominada 'Monte el Valle y Sierras de Altaona y Escalona', y donde hay censadas diversas poblaciones de especies protegidas, como el Búho real 'Bubo bubo' y el Águila real 'Aquila chrysaetos', los agentes encontraron un total de 34 unidades colocadas en los lugares de pasos de los animales, los cuales, una vez atrapados, morían por estrangulamiento o rematados con arma de fuego o a golpes, según la necropsia realizada a los cadáveres de un perro, dos zorros y un tejón.

En abril del 2009, agentes medioambientales de la Dirección General de la Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encontraron 18 cebos envenenados, otro arte prohibida para la caza, en el interior del referido acotado, así como varios animales muertos presumiblemente como consecuencia de su ingesta una culebra bastarda, tres lagartos ocelados y un ratón de campo.

La Guardia Civil recordó que la legislación en materia de patrimonio natural y biodiversidad prohíbe la tenencia, utilización y comercialización de todos los procedimientos masivos o no selectivos para la captura o muerte de animales, entre los que se encuentran el uso de veneno y de lazos sin freno ya que pueden afectar gravemente a la fauna silvestre, en muchos casos protegida, así como a los animales domésticos.

Así, los animales que quedan atrapados acaban muriendo por estrangulamiento al intentar escapar del lazo, o bien como consecuencia de las graves heridas que se producen por la misma causa o, en última instancia, de inanición. No obstante, si el infractor encontrara antes de todo ello al animal atrapado, es habitual que lo remate con arma de fuego o a golpes.

Los detenidos, que responden a las iniciales de F.T.F., de 53 años de edad, y vecino de El Pilar de la Horadada (Alicante) y J.A.L.C., de 37 años de edad, y vecino de San Javier (Murcia), se enfrentan, según el vigente Código Penal, a sanciones de prisión de hasta dos años de duración y multas e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar de hasta tres años.

Las actuaciones practicadas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Murcia en funciones de guardia, así como en la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.