La Abogacía de la Generalitat aseguró hoy, a través de un informe dado a conocer mediante un comunicado por el Gobierno valenciano, que todas las contrataciones realizadas por la administración autonómica "se ajustan a la más estricta legalidad y cumplen lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas".

Este órgano expresa además en el documento su "total discrepancia" con las "infundadas conclusiones" de la Unidad de Auxilio Judicial, quien, a través de otro informe en relación con el 'caso Gürtel', concluyó que en al menos 14 actividades se fraccionó el objeto del contrato en varios contratos menores "con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación", como el negociado o abierto, y "vulnerando los principios de publicidad y concurrencia" recogidos en la normativa reguladora de la contratación pública.

Al respecto, la Abogacía de la Generalitat señala que el Gobierno valenciano, en el marco de sus competencias, "ha actuado en todo momento con la más absoluta corrección y legalidad en todos los temas relacionados con la contratación pública" y asegura que "nunca un miembro del gabinete de la presidencia ha tenido la responsabilidad de decidir sobre estas contrataciones, como así se recoge en el decreto pertinente", según informa la misma fuente.

En este caso, considera que la valoración recogida en el informe de la Unidad de Auxilio Judicial "demuestra un profundo desconocimiento de la normativa de Administración de la Comunitat Valenciana y su sector público".

En esta línea, insiste en que la gestión de la Generalitat "ha sido perfectamente auditada y fiscalizada sin que se haya encontrado ningún elemento de ilegalidad en los órganos de control, como son la Intervención General o la Sindicatura de Comptes".

El informe redactado por la Abogacía expresa "su total discrepancia con las desproporcionadas, infundadas y, en algún caso, falsas conclusiones de la Unidad de Auxilio Judicial, que se ha extralimitado en sus apreciaciones respecto a una actividad contractual realizada por esta Administración de forma totalmente ajustada a la legalidad vigente".

La Abogacía de la Generalitat incide en que todos los contratos "son legales", "no sólo porque las empresas contratadas son diferentes y la cuantía es correcta sino porque el órgano contratante es diferente en cada uno de los casos y la contratación se produce para labores diferenciadas".

"En el momento de la contratación no había indicio alguno, ni investigación conocida, que pudiera alertar sobre un presunto entramado de empresas. Todos los pagos han sido debidamente fiscalizados sin que haya existido ilegalidad en ninguno de ellos", añade.

El informe analiza 85 operaciones, lo que representa el 0,04% del total de los contratos realizados por la Generalitat en el periodo al que se refiere y determina que no existen "facturas duplicadas" ya que todas "responden a objetivos diferentes, tangibles, reales y ejecutados y, por supuesto, ninguna instancia de la Generalitat ha pagado dos veces por el mismo servicio".

Asimismo, añade que el informe "pone en cuestión a los funcionarios de la Generalitat: por un lado reconoce que estas operaciones no proceden del mismo órgano o unidad administrativa y por el otro cuestiona el recto trabajo de los funcionarios".