En la iniciativa, el Grupo Popular también reclamaba que el Parlamento mostrase su posición favorable a que las corporaciones locales "revisen cuantos convenios de colaboración se hayan firmado entre dichas entidades y Egmasa, a fin de dejar de instrumentalizar dicha empresa como medio propio local o provincial en cualquier tipo de obra pública al margen del objeto social inicial de constitución de la misma", como consecuencia de la sentencia del TS.

De igual manera, el PP-A planteaba en la moción instar al Ejecutivo a restituir la situación legal de Egmasa, acometiendo un nuevo decreto de reorganización de la empresa y delimitación de su objeto social al ámbito para el que fue constituida, evitando así su "injerencia en la función pública y en el sector privado andaluz, pero en esta ocasión respetando los cauces legales garantizando el procedimiento de audiencia a los sectores implicados".

El PP-A también pedía que la Junta proceda a la reestructuración de Egmasa, quedando fuera de sus funciones aquellas actividades y responsabilidades propias de la administración autonómica que deban ser desarrolladas en exclusiva por los funcionarios públicos, especialmente agentes de Medio Ambiente, y que acometa, con carácter de urgencia, la adecuación de la relación de plazas y puestos de trabajo de la Consejería de Medio Ambiente, dando cobertura a los grupos correspondientes para ejercitar la dirección técnica allá donde sea necesario, a la vez que se ocupan la totalidad de las vacantes existentes en la misma, garantizando el empleo público en torno a la gestión pública del medio ambiente.

Otra demanda incluida en la moción se refería a la revisión de las encomiendas de gestión por la que se le concede a Egmasa la gestión integral de la red de equipamientos de uso público y servicios asociados de los espacios protegidos y los aprovechamientos de los recursos naturales, a la vez que se culminan, optimizan y ponen en marcha todos los equipamientos de uso público de los espacios naturales protegidos de Andalucía.

El PP-A planteaba además instar a la Junta a que, en cumplimiento y desarrollo de la Ley Forestal de Andalucía, se modifique la orden de 17 de febrero de 2008 por la que se le encomienda a Egmasa la gestión integrada de determinados montes públicos, a fin de garantizar que las funciones de dirección, elaboración, ordenación y vigilancia y custodia de los montes públicos recaiga, en exclusiva, en el funcionario público de la administración autonómica.

Para los populares, la Junta debe establecer las normas adecuadas para que Egmasa "cumpla con la legislación vigente (Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, Plan General de Contabilidad Pública, los Programas de Actuación, Inversión y Financiación o la Ley de Contratos de Administraciones Públicas y el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia) y con las obligaciones de colaborar y remitir a la Cámara de Cuentas todos los documentos exigidos.

Austeridad y control

Asimismo, reclamaban en el Parlamento que el Gobierno dicte las medidas de austeridad y control de las retribuciones e indemnizaciones del personal directivo de Egmasa, de manera que ningún directivo puede percibir ingresos superiores al nivel retributivo del presidente de la Junta, fijado en la correspondiente Ley de Presupuesto de la comunidad autónoma, y que potencie las auditorías externas, y muy especialmente las operativas sobre la empresa pública, de forma coordinada con el control financiero permanente a través de la Intervención General.

En opinión del PP-A, es fundamental "impulsar y reforzar el seguimiento y control parlamentario de Egmasa, dando cumplida cuenta, en cada periodo de sesiones del Parlamento, de las actuaciones acometidas, así como de cualquier proceso de enajenación de acciones realizado" y que se le exija a la empresa una gestión de tesorería "más eficaz y responsable, con el pago de las obligaciones derivadas de su funcionamiento, y reconducir, en aquellos casos que fuera necesario, las dificultades de gestión de tesorería para controlar su impacto financiero en proveedores".

Por último, el PP-A instaba a la Junta a aprobar para su aplicación, en un plazo no superior a tres meses, un código de buen gobierno de Egmasa, como herramienta de transparencia y buena gestión, incorporando las medidas anteriores que le son de aplicación.