Las fuentes explicaron que la suspensión se produce para que el representante del ministerio fiscal pueda examinar la nueva documentación aportada por Royal Marbella Estates, sociedad que adquirió los terrenos por valor de 9,7 millones de euros y luego los vendió por 117 millones, de cara al interrogatorio del acusado que según la Fiscalía Anticorrupción controlaba la empresa.

La acusación pública solicita en sus conclusiones iniciales de diciembre de 2007 dos años de prisión, siete de inhabilitación para cargo público y multa de tres millones de euros para Tirado por un delito de cohecho y, además, acusa al cuñado de éste, Francisco Calle, para el que pidió cuatro años de cárcel y 5,2 millones de multa por el mismo delito y por otro de blanqueo.

Asimismo, en ese mismo escrito el fiscal acusó a Aki Kujala, acusado también en el caso 'Ballena Blanca', por esos dos mismos delitos, solicitando para éste cuatro años de prisión y multa de 13 millones de euros, mientras que para el socio y administrador de una de las empresas junto con Calle pidió otros dos años de cárcel y multa de 2,2 millones de euros.

El juicio comenzó el pasado martes con el trámite de cuestiones previas, en el que los abogados solicitaron la nulidad del procedimiento, al considerar que el juez instructor no tenía competencia territorial y que en la causa ha habido "un interés persecutorio".ACUSACIÓN

En sus conclusiones provisionales, a las que tuvo acceso Europa Press, la acusación indicaba que la empresa Royal Marbella Estates, controlada por Kujala, que aparece relacionado con distintos individuos presuntamente vinculados a actividades delictivas graves y en algunos casos reclamados judicialmente por varios países, compró varios terrenos por valor de 9,7 millones de euros y luego los vendió por 117 millones.

Este incremento en el valor de los terrenos está, según el fiscal, "íntimamente relacionado" con un convenio firmado entre la entidad y el Ayuntamiento, con Tirado como alcalde, en agosto de 2004, que permite "aumentar la edificabilidad" de la parcela. En concreto, la operación referente a 'La Parrada' supuso unas plusvalías de casi 92 millones de euros.

Se explica que ante las dificultades para vender los terrenos, por el escaso número de viviendas, Kujala y otro socio decidieron acudir al entonces alcalde para conseguir un aumento de densidad de modo que la parcela "resultara apetecible para las entidades promotoras y constructoras y pudiera ser vendida sin dificultad".

Para ello, "se valieron de la mediación del también acusado Francisco Calle", a quien el anterior le propuso "el pago de una importante cantidad de dinero para él y para su cuñado —Tirado— si lograba convencerlo para que permitiera ese aumento de la densidad". El alcalde "aceptó", según el escrito.

"El aumento de densidad pactado sólo se explica en función de la retribución económica a obtener por Pedro Tirado, participando en los beneficios que se obtuvieran con la reventa de los terrenos, sin que dicho acusado, alcalde por elección, tuviera en cuenta los intereses generales o las necesidades del Ayuntamiento de Manilva, pues un convenio anterior, por el que se incorporan esas fincas al expediente de cumplimiento del suelo urbanizable no programado, había sido objeto de aprobación definitiva por la Junta de Andalucía pocos meses atrás", se señala.

El ex alcalde de Manilva negó que recibiera pagos por la operación en la finca y justificó los 760.000 euros hallados en su vivienda en octubre de 2005, cuando fue detenido por el caso 'Ballena Blanca', contra el blanqueo de capitales, en "donaciones anónimas" para el Partido Democrático de Manilva (PDEM), pero no pudo concretar los nombres de los que donaron.

Explicó que la Policía fue meses antes del arresto a preguntarle por la finca. "Si yo hubiera pensado que estaba haciendo algo irregular, hubiera quitado el dinero y mucho más si está relacionado con 'La Parrada'. No soy tonto", apuntó, e indicó que si sale absuelto "no quiero saber nada del dinero", en todo caso, "si quiere, que lo reclame el partido".

Tirado aseguró que querían comprar una sede para el partido, en el que, según afirmó, había gente del antiguo Grupo Independiente Liberal (GIL). Además, precisó que sus compañeros de formación sabían dónde estaba el dinero, aunque cuando declararon como acusados lo negaron por "pánico", apuntando al fiscal que igual se lleva "una sorpresa" cuando declaren como testigos.