El PSIB cree que el fichaje de Gordillo demuestra que los presuntos casos de corrupción "no son aislados" en el PP

Diéguez considera que es un "ataque frontal contra la judicatura" y señala que "puede parecer una idea de Matas"

El PSIB consideró hoy que el fichaje por parte del PP del ex fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, es un "reconocimiento" de que los presuntos casos de corrupción que han afectado a los militantes de este partido "no son sólo casos aislados", sino que se trata de "algo más grave".

El portavoz parlamentario de los socialistas, Antoni Diéguez, entendió que este fichaje del presidente 'popular' José Ramón Bauzá -quien ya había advertido que tomaría medidas contra quienes permitiesen que "aumente la lista de imputados inocentes"- supone un "ataque frontal contra la judicatura".

En este sentido, señaló que, mediante esta "maniobra", el PP ha dejado "bien clara" su forma de actuar ante los casos de presunta corrupción y que es, según el PSIB, la de "proteger" a las personas que están siendo investigadas y "no colaborar plenamente" con la Justicia.

Así, indicó que los 'populares' han demostrado que no hacen nada para "limpiar en su casa", sino que "quieren poner obstáculos" al trabajo que se hace desde las instancias judiciales.

Diéguez también afirmó que el hecho de que la formación liderada por José Ramón Bauzá vaya hasta Madrid a buscar un experto, ciudad en la que actualmente reside el ex presidente del Govern, Jaume Matas, y, teniendo en cuenta la "gran cantidad de profesionales" que hay en las islas, "puede parecer una idea" de Matas.

Una maniobra de presión

El parlamentario sostuvo que este fichaje también puede ser interpretado como una "maniobra para intentar presionar" a la Justicia, aunque remarcó su convencimiento de que ni jueces ni fiscales "se dejarán presionar" y realizarán su trabajo de manera "escrupulosa", tal y como han hecho hasta el momento, aseguró.

Esta decisión del PP de contratar a Gordillo también fue valorado hoy por el presidente de la Pequeña y Mediana Empresa de Baleares (Pimem), Juan Cabrera, quien, en declaraciones a Europa Press, la censuró al entender totalmente inoportuna esta decisión, puesto que "ningún fiscal ni abogado" debe defender a un partido de la corrupción, ya que "los partidos y sus siglas no son corruptos", lo son, puntualizó, "las personas que están gestionando los partidos".

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