En referencia a las críticas vertidas hoy por la diputada del PP Cristina Herrera, el Sepad señaló que al PP "parece que sólo le importan los ciudadanos que aún no reciben la prestación económica que les corresponde por derecho, olvidándose y nunca mencionando, a todos aquellos que ya han accedido a un recurso a través de la ley".

En este sentido, en nota de prensa, el Sepad aclaró que "casi el 60 por ciento" de la población recibe una prestación económica a través de la ley, "en forma de servicio o por medio de un recurso no económico".

Asimismo, y en lo que se refiere a aquellos expedientes que entraron a finales de 2009, indicó que "todos" han percibido "ya" las prestaciones correspondientes a ese año, con lo que "se cumple" con lo que manifestó en comparecencia pública el pasado lunes el director gerente del Sepad, Juan Carlos Campón, respecto a la regularización de la situación de pago del resto de ciudadanos de manera "progresiva".

En cuanto al Plan Concilia, la Administración regional le recordó al PP, "toda vez que parece no comprender adecuadamente lo que se le dice o tener problemas en la fijación de la información", que este programa se está "adaptando" a una "nueva realidad", la Ley de Dependencia.

Al respecto, indicó que en la Asamblea extremeña, hace menos de una semana, Campón, aparte de esta "nueva realidad", dejó "claro" acerca de lo que el Programa Concilia supuso en calidad de atención a la persona en situación de dependencia en sus inicios que "se trataba de una intervención con una fecha de inicio [enero 2006] y finalización (diciembre de 2008)".

No obstante, y para que la adaptación a la Ley de la Dependencia fuera "gradual", según la Junta, se prolongó también durante 2009, y ahora "definitivamente" en este año, "ayudando de manera igualitaria y en colaboración con el Sexpe a que los puestos de trabajo creados no desaparecieran".

La Junta de Extremadura recordó igualmente que está "apoyando y ayudando" a "todos" los profesionales para que, una vez están fuera del Concilia, puedan formar parte de empresas acreditadas dentro de la Ley y prestar así una capacidad "específica" para la formación de empresas de atención domiciliaria en cuidados.

Por último, el Ejecutivo regional aclaró que la Ley de Dependencia "no sólo significa reconocer" un derecho para recibir una "pensión", que es lo que según dijo el PP "parece entender", sino que la normativa 39/2006 tiene el objetivo de "poder ofrecer a personas que ya estaban siendo atendidas por el Sistema los Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, la posibilidad de reconocerles un derecho que les corresponde".