El ex presidente del Govern balear, Gabriel Cañellas, se desvinculó hoy de las presuntas irregularidades investigadas dentro del caso Bomsai, que indaga el supuesto desvío de fondos públicos a través de la empresa pública CAIB Patrimoni, y aportó para ello numerosa documentación acreditativa ante la Policía Nacional y los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach.

En declaraciones a Europa Press, Cañellas, quien esta mañana fue llamado a declarar como imputado en sede de la Jefatura Superior de Baleares y posteriormente quedó en libertad con cargos, señaló que durante su comparecencia ha sido interrogado en concreto por una factura de la empresa Atlas emitida en 2006 relacionada con una operación de compraventa en la que medió el ex presidente.

Tal y como puso de manifiesto en dependencias policiales, el también presidente de la Fundació Illes Balears, asistido por el letrado Josep Perelló, explicó que la factura corresponde en concreto a su intermediación en una operación de compraventa de una empresa privada de carácter familiar, que en cualquier caso no guarda relación con las investigaciones de este procedimiento ni con CAIB Patrimoni, según manifestó.

Para ello, el ex jefe del Ejecutivo presentó diversos documentos relacionados con aquella operación, a fin de contrarrestar las imputaciones que pesan sobre él en relación a presuntos pagos sin justificar en el marco de esta presunta trama de corrupción, que se encuentra bajo secreto de sumario. Precisamente, también hoy declararon como imputados ante la Policía dos responsables de la empresa Atlas, investigada dentro de este caso ya que, según la Fiscalía, pudo servir de tapadera para desviar los caudales públicos desde CAIB Patrimoni.

Sin embargo, ésta no es la única causa en la que el ex jefe del Ejecutivo autonómico se encuentra imputado. También está encausado en el caso que investiga las presuntas irregularidades cometidas en torno a la gestión y el mantenimiento de la Torre de Sant Elm, en el municipio de Andratx, a través de la Fundació Illes Balears, y el supuesto desvío de fondos públicos que se produjo cuando el Consistorio andritxol acordó en 2006 destinar 7.500 euros mensuales a la entidad privada para la gestión de Sant Elm.

Siete detenidos

Cabe recordar que, en total, en total, siete personas han sido detenidas en el marco de la Operación Bomsai, que indaga la presunta trama urdida desde CAIB Patrimoni para amañar contratos con los que regar con caudales públicos empresas particulares durante la construcción de la nueva sede de la Conselleria de Salud y del parque de bomberos de Palma.

Entre ellas se encuentran el ex director general de Tributos, Jorge Sainz de Baranda, de Emergencias, Joan Pol (ambos en libertad bajo fianza de 50.000 y 30.000 euros, respectivamente) y el ex director gerente de CAIB Patrimoni, Jaume Vidal, mientras que también está imputado el ex conseller de Economía, Lluís Ramis de Ayreflor, para quien la titular del Juzgado de Instrucción número 1, Margarita Bosch, decretó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.