Así lo pusieron de manifiesto el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Juan José Rubio, y el director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Aragón, Pedro Coduras, con motivo de su participación en la Mesa General de la Inmigración celebrada hoy en la Delegación del Gobierno en Aragón para abordar los preparativos de la campaña de temporeros agrícolas.

Juan José Rubio precisó a los medios de comunicación que "el empleo está casi completo, no va a haber trabajo de sobra" porque "desde hace varias campañas se está implantado la costumbre de comprometer la contratación para la campaña siguiente".

Por su parte, el director general de Inmigración indicó que habrá unos 20.000 contratos ya que, agregó el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, hay trabajadores que participan en distintas campañas y "pasan de una a otra".

Rubio agregó que la previsión es que la campaña transcurra con "normalidad" y sea similar a la de 2009 "en términos de volumen de recolección", comenzando con la cereza en mayo y concluyendo con la uva en septiembre y octubre.

En este sentido, comentó que a pesar de que haya unas cifras de parados "importante" en España, el ciudadano que está en el Régimen General de la Seguridad Social "no prevemos que acuda a la campaña", como no acudió en 2009.

No obstante, apuntó, "se están tomando las medidas adecuadas para recibir y atenuar el impacto social que pueden producir determinados flujos y movimientos de población".PRECIOS

El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Aragón incidió en que el problema de la campaña de 2010 "son los precios" de los productos agrícolas. Esto puede producir un "efecto terrible" porque haya explotaciones "que prefieran no recoger" la fruta, lo que supondría una menor contratación, con un efecto negativo "tanto para el propietario como para los trabajadores".

Respecto a estos últimos, dijo que son "los que hacen posible la campaña" y comentó que "si se genera alguna dificultad, que alguna se genera", hay que "aliviarla y resolverla", además de tratar de prevenirla.

En este sentido, comentó que la coordinación entre todas las partes implicadas, como son Administración General del Estado, autonómica, ayuntamientos, comarcas y entidades sociales, es "fundamental".

Por parte del Gobierno de Aragón, señaló, actúan de "eslabón" entre la Administración del Estado y la administración local y también facilitan que haya alojamientos, a través de la convocatoria de subvenciones para agricultores y dan ayudas a las comarcas para los servicios sociales comunitarios y a las organizaciones no gubernamentales para atender la situación social de los temporeros y sus familias.

Respecto a las cinco familias que han ocupado casas sin permiso del propietario en Ricla (Zaragoza), el director general precisó que hay que seguir el protocolo establecido para actuar, como es localizar a los propietarios y que éstos interpongan una denuncia, si bien "los servicios sociales han visitando" las viviendas, y remarcó que se trata de situaciones "puntuales", "no significativas".