El Parlament catalán ha aprobado este miércoles la Ley de Acogida de Inmigrantes con el apoyo del 87% de la cámara y la oposición de PPC y Grupo Mixto, que han mostrado su desacuerdo con el artículo que establece el catalán como "lengua común" y refuerza su aprendizaje entre los extranjeros.

La ley "concreta las competencias de la Generalitat" en materia de acogida, puesto que será esta administración quien elaborará el informe previo a la expedición de los certificados de arraigo social que permiten la regularización de los inmigrantes en situación irregular que hace tres años que viven en España, según ha explicado la consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila.

La consejera ha aclarado que la ley establece que el catalán es la "lengua común" que los inmigrantes han de aprender en su proceso de integración. Capdevila ha añadido que la ley pretende dotar de instrumentos los inmigrantes para su integración y ofrece a los recién llegados "formación e información sobre la sociedad de acogida y su lengua".

En este sentido, "las competencias lingüísticas son importantes para la integración" y "la lengua común es el catalán, de forma que primeramente se ofrecerán a los inmigrantes cursos de catalán y en segundo lugar se ofrecerán cursos de castellano a quien lo solicite". En este sentido, el diputado del PPC, Rafael López, ha dicho que "no es aceptable que el catalán sea el peaje que los inmigrantes debe pagar por obtener papeles".

Durante el trámite parlamentario, el PPC ha denunciado este proyecto de ley ante el Consejo de Garantías Estatutarias que dictaminó que el artículo en lo referente al aprendizaje de lenguas no era contrario al Estatut. En este sentido, López ha dicho que su partido "acepta las decisiones del consejo consultivo" y "no presiona a los tribunales como hacen otras", en referencia a la renovación del Tribunal Constitucional que pretenden impulsar PSC, CIU, ICV y ERC.

Respecto al artículo 9 de la Ley de Acogida de Inmigrantes sobre "las competencias lingüísticas básicas", el diputado de ERC, Pere Bosch, ha recordado que "el aprendizaje del catalán no es obligatorio para los inmigrantes", "aunque les puede proporcionar beneficios evidentes, porque aumenta su nivel de formación y autonomía, además de incluirse en el informe previo al certificado de arraigo".

Bosch ha añadido que la mencionada ley "tiene como objetivo la cohesión social", que es "lo contrario" de lo que busca el PPC, cuyo concejal en Badalona ha demostrado que quiere "dividir a la sociedad". El diputado del ICV, Jordi Miralles, también se ha referido a este díptico racista y ha indicado que "la presidenta del PPC tiene las manos manchadas de racismo y xenofobia" por haber repartido estos dípticos.

Por su parte, el representante de CIU, Josep Lluís Cleries, se ha congratulado de que la Generalitat "empiece a tener competencias en materia de inmigración", aunque "no todas las que querríamos". De hecho, el proceso de regularización de inmigrantes sigue estando en manos del Estado y la única novedad de la ley catalana en este sentido es la creación de un Servicio de Acogida que ofrecerá a los inmigrantes formación profesional, competencias lingüísticas básicas y conocimientos sobre la sociedad catalana.

Los inmigrantes que "asistan con una continuidad suficiente" a estos cursos de catalán, cultura catalana y marco legal recibirán "un certificado de aprovechamiento de los cursos" que "tendrá validez" para la expedición de los certificados de arraigo que se piden en el proceso de regularización de los inmigrantes, según fuentes de la consejería de Acción Social.