La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra multa a Queremos Galego por una protesta contra el decreto "no comunicada"

La plataforma aclara que solicitaron permisos y exige que se remita el documento "en gallego" tras darse "por no informada" de la sanción

La Subdelegación del Gobierno de Pontevedra impuso una multa de 500 euros al promotor de una concentración de urgencia convocada por la plataforma Queremos Galego el lunes siguiente a la presentación del borrador del decreto del plurilingüismo en la enseñanza, tras considerar que no fue comunicada con suficiente margen de tiempo.

Según señaló en declaraciones a Europa Press el portavoz de la plataforma, Carlos Callón, los responsables de la protesta —celebrada en la plaza de la Peregrina de Pontevedra— solicitaron "por escrito" los permisos a la entidad estatal, que impuso una sanción "grave" por la que tendrán que abonar un total de 500 euros.

En el texto en el que se informa de la multa, la Subdelegación asegura que "el denunciado recibió comunicación previa a la manifestación en la que esta se daba por no comunicada, al haber presentado el escrito fuera de plazo sin alegar ni justificar la urgencia de su convocatoria y celebración".

Callón aseguró que la protesta, en la que participación de unas 200 personas, "no se obstruyó en absoluto el tráfico" al tratarse de una zona "peatonal", por lo que no ve "causas objetivas" o "molestias a nadie" que justifiquen la sanción.

Por otro lado, criticó que en el documento se mencione que "se exhibieron pancartas" con los lemas 'Pola defensa da nosa lingua, paremos o decretazo' durante la protesta. Así, aclaró que, "si se aplica con ese rigor" la normativa en todas las ocasiones, "habría que multar cuando gana un partido político las elecciones y salen a la calle a celebrarlo", dijo.

"¿Cuál es el prejuicio?, si hay un problema burocrático y ¿por qué se aplica a esta plataforma y no a otras organizaciones", se preguntó Callón.

Por ello, exigió al Gobierno central "que explique" la razón de tomar dicha decisión y, además de realizar "un llamamiento público", avanzó que solicitaron "que se envíe el escrito" de la sanción "en gallego", tras no darse "por informados" de esta comunicación —remitida en castellano—.

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