Las defensas de los acusados en la causa conocida como 'La Parrada', desglosada del caso 'Ballena Blanca' y en la que se juzga al ex alcalde de Manilva (Málaga) Pedro Tirado y a otras tres personas, solicitaron hoy la nulidad del procedimiento, al considerar que el juez instructor no tenía competencia territorial y que en la causa ha habido "un interés persecutorio".

La Sección Octava acogió hoy las cuestiones previas del juicio, que continuará mañana con la declaración de los acusados, en primer lugar, previsiblemente, la del ex regidor, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide las penas de dos años de prisión, siete de inhabilitación para cargo público y multa de tres millones de euros al acusarlo de un delito de cohecho.

También están acusado el cuñado de Tirado, para el que se pide cuatro años de cárcel y 5,2 millones por cohecho y por blanqueo; Aki Kujala, acusado en 'Ballena Blanca' y que se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión y multa de 13 millones de euros por ambos delitos, y el administrador de una empresa, acusado de blanqueo, para el que se pide dos años de cárcel y multa de 2,2 millones de euros.

El letrado de dos de los acusados, José Antonio Choclán, aseguró que el instructor Miguel Ángel Torres "debió inhibirse en favor de los juzgados de Estepona" por ser "incompetente" territorialmente, al recordar que primero se investigó un delito de prevaricación supuestamente cometido por entonces concejales de Manilva, que no pertenece al partido judicial de Marbella.

Asimismo, apuntó que el delito de cohecho se comete "donde el funcionario público ejerce la función pública" y criticó que esta causa se mantuviera un tiempo unida a 'Ballena Blanca' de "forma indebida", hasta el punto de que, denunció, el fiscal incluyó una parte literal de dicho caso en su escrito de acusación de éste, haciendo un "corta-pega incoherente".

También dijo que hubo "interés persecutorio", lo que argumentó en que "se ha ido variando el objeto de imputación" a medida que se ejercía la defensa y en la "denegación sistemática de pruebas". "No se ha querido indagar sobre el origen de los fondos", precisó el letrado, quien añadió que hay también un "interés personal" del juez "en alinearse con las tesis de la acusación".

En este punto, mencionó la cruz al mérito policial otorgada tanto al instructor como al fiscal encargado de este caso, Juan Carlos López Caballero, y apuntó que la acusación se sienta en bases "erróneas, inventadas", según una documentación sobre la procedencia de los fondos, que fue aportada hoy por la empresa que adquirió los terrenos de La Parrada.

Las demás defensas se adhirieron a estas alegaciones y, en el caso del letrado del ex alcalde, añadió una referente a la asistencia letrada cuando fue detenido Tirado, ya que la abogada era concejala socialista en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) y "no le comentó si quería nombrar a otro abogado", y otra sobre la presunta ilegalidad de las escuchas telefónicas.

Actuación "correcta"

El fiscal Juan Carlos López Caballero aseguró, por su parte, que la actuación fue "correcta" y que ha sido "avalada" por resoluciones de la Audiencia de Málaga, que ya resolvió algunas cuestiones como la incompetencia del juez; por lo que consideró que "no cabe nulidad". Además, calificó de "incierto" que las intervenciones telefónicas se hicieran sin autorización.

Consideró que la operación es "un pelotazo urbanístico", de forma que la empresa adquirió varios terrenos por valor de 9,7 millones de euros y los vendió por 117 millones, lo que supone "más de 90 millones de euros de plusvalías", algo de "una habilidad tremenda", creándose, incluso, una sociedad pantalla. Añadió que lo que se pretendía era "la reclasificación de unos terrenos rústicos".

A su entender, las manifestaciones de los abogados "exceden con mucho" el derecho de defensa, sobre todo cuando "hay un procedimiento penal contra un magistrado por exceder su competencia territorial", al tiempo que consideró que no hay relación causa-efecto entre la medalla otorgada y la instrucción.

Estas alegaciones serán resultas en sentencia, según indicó el magistrado, quien accedió a la petición del fiscal de posponer hasta mañana el inicio de las declaraciones para analizar la documentación presentada por la empresa sobre las sociedades que la forman y el origen de los fondos.

En sus conclusiones provisionales, a las que tuvo acceso Europa Press, la acusación indicaba que la empresa Royal Marbella Estates era controlada por Aki Kujala, que aparece relacionado con distintos individuos presuntamente vinculados a actividades delictivas graves y en algunos casos reclamados judicialmente por varios países.

Ese incremento en el valor de los terrenos está, según apunta el ministerio público en su escrito, "íntimamente relacionado" con un convenio firmado entre la entidad y el Ayuntamiento, con Tirado como alcalde, en agosto de 2004, que permite "aumentar la edificabilidad" de la parcela.