El Parlament aprobó hoy, con los votos del PSIB, Bloc, UM y Eivissa pel Canvi y la abstención del PP y AIPF, la convalidación del Decreto Ley de medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general, que implica la instalación de la nueva depuradora de Vila en los terrenos del cuartel militar de Sa Coma (Ibiza) y la construcción de un centro de interpretación de la Reserva de la Biosfera en s'Enclusa, en el municipio de Ferreries.

El parlamentario del PP Miquel Ángel Jerez anunció que su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad contra este Decreto Ley, aprobado por el Govern el pasado 26 de marzo, al considerar que "mutila las competencias municipales" de los Ayuntamientos afectados que, a su juicio, quedan en una posición de "indefensión" al no poder decidir con autonomía los usos que se les da tanto a los terrenos de Sa Coma, como a los de s'Enclusa.

"Se deben tener en cuenta los derechos inalienables que tienen las instituciones locales", insistió Jerez, quien censuró que el citado Decreto Ley supone un "acto de agresión" a las competencias municipales de los dos Ayuntamientos afectados.

El diputado 'popular' remarcó que su grupo no está en contra de Sa Coma, sino "todo lo contrario", ya que entiende que los terrenos del antiguo acuartelamiento suponen, a pesar de que se adquirieron a un precio "inasumible", una "magnífica oportunidad para instalar servicios necesarios para Ibiza, pero haciendo las cosas bien y respetando la autonomía de las instituciones municipales".

Concretamente, en el caso del antiguo acuartelamiento de Sa Coma, que tiene una inversión prevista de 50 millones de euros, el Decreto Ley establece que antes de que el Consell Insular de Ibiza apruebe un plan especial que ordene este ámbito, asignará a las diferentes zonas los correspondientes usos previstos, tras informar a los Ayuntamientos afectados.

Esto permitirá adelantar las obras, mediante las cuales se prevé instalar en Sa Coma un campus de la Universidad a Distancia (UNED), así como un centro de emergencias y unas instalaciones deportivas. Además, el Decreto Ley, que se tramitará como Proyecto de Ley, tras ser aceptado con el asentimiento de todos los grupos y a propuesta de UM, también permite implantar infraestructuras de interés insular que estén justificadas por razones ambientales, como es el caso de la nueva depuradora de Vila.

En el caso de Menorca, el Decreto Ley prevé, con una inversión prevista de 7 millones de euros, la delimitación y declaración de utilidad pública del Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera de s'Enclusa, en Ferreries, haciendo posible la expropiación del camino de acceso al equipamiento y posibilitando la titularidad pública y la urgente ocupación de los terrenos.

Licencias sin servicio de alcantarillado

Respecto a Mallorca, el artículo 3 permite de forma transitoria y provisional otorgar licencias para viviendas unifamiliares sin que éstas se hayan conectado al servicio de alcantarillado, siempre que lo hagan en un plazo máximo de dos años y con una serie de condiciones.

Así, durante el primer año contado desde la entrada en vigor del Decreto Ley, los Ayuntamientos deberán aprobar definitivamente el proyecto de urbanización o dotación de servicios que implante el sistema de alcantarillado, incluyendo las conexiones a los sistemas generales de depuración.

Además, durante el segundo año, se deberá ejecutar y poner en marcha el servicio de alcantarillado y, al acabar los dos años de plazo, todas las edificaciones, incluidas en las áreas de suelo urbano o urbanizable de uso predominantemente residencial y de tipología unifamiliar aislada, tendrán que estar conectadas al sistema de alcantarillado y depuración.

Asimismo, todas las licencias de las edificaciones sometidas a estas condiciones tendrán que tener un informe previo favorable de la Dirección General de Recursos Hídricos, mientras que el Decreto señala que en ningún caso se podrán otorgar las nuevas licencias de edificación ubicadas en zonas con riesgo de contaminación de acuíferos o riesgo geológico.

El parlamentario del Bloc Miquel Ángel Llauger defendió la validación del Decreto Ley, debido a que pretende impulsar "equipamientos de interés general, que cuentan con un consenso" y que, además, servirán también para la "reactivación económica, algo que es conveniente en este tiempo de crisis".

Por su parte, el diputado socialista Joan Boned recalcó que esta normativa asegurará el inicio "mucho más rápido de numerosos proyectos en todas las islas, lo que supondrá un beneficio tanto para las empresas, como para los trabajadores". Asimismo, remarcó que el Decreto Ley "no se salta ningún marco normativo legal".

La convalidación del Decreto Ley se produce, después de que el pasado 17 de diciembre, el ex-diputado del Grupo Mixto Bartomeu Vicens impidiera su convalidación al abstenerse en la votación, desmarcándose así de la disciplina de voto del PSIB, Bloc y UM, en un momento en el que los uemitas aún formaban parte del equipo de Gobierno.