El MARM y Extremadura realizan una inversión conjunta de 3 millones para un programa de desarrollo rural sostenible

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de hoy ha publicado el convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) y la Comunidad Autónoma de Extremadura para el desarrollo de un programa piloto de desarrollo rural sostenible en las zonas de Villuercas-Ibores-Jara y La Siberia.

El programa cuenta con un presupuesto de tres millones de euros, financiados al 50 por ciento por el MARM y la comunidad extremeña.

El convenio suscrito pretende servir de referencia y orientación a la puesta en marcha de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio rural, tanto en lo que se refiere a la elaboración y desarrollo del primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible, como para la posterior elaboración y ejecución de los Planes de Zona Rural mediante los que el Programa debe desarrollarse, informó el MARM en nota de prensa.

Las actuaciones específicas a desarrollar contemplan la creación de un Geoparque, que integra aquellos territorios que tienen un interés científico por razones de tipo geológico, arqueológico, ecológico y cultural.

Además, el programa financiará la dotación de bienes de equipo para la mejora del sector caprino e impulsará la creación de una red de dinamizadores para el desarrollo empresarial, la promoción y puesta en marcha de rutas de piragüismo y el establecimiento de una red para el impulso del agroturismo en la zona.

Según establece el convenio, el MARM prestará asesoramiento para la ejecución del Programa Piloto, contribuirá a la difusión de las actuaciones y facilitará un protocolo común con el resto de programas piloto para su evaluación y seguimiento.

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Extremadura se encargará de la realización de los proyectos, gestionando las autorizaciones e informes preceptivos, así como de poner a disposición del proyecto los medios técnicos y humanos necesarios para su ejecución.

Además, el convenio contempla la creación de una Comisión de seguimiento que se encargará de determinar las actuaciones concretas, revisar los aspectos operativos y los criterios de aplicación de las acciones previstas, así como de acordar las propuestas de convocatorias y las bases para la realización de acciones que vayan a ser ejecutadas por terceros.

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