Los sindicatos con presencia en Caja Castilla La Mancha (CCM) —CCOO, UGT, CSI.F y CSICA— arremetieron hoy contra la "inacción" del Banco de España (BE) ante las sanciones que deben imponerse al Comité de Dirección de la caja pues no consienten "que sea tan riguroso con la plantilla y no con quienes han llevado a la Caja a esta situación". También demandaron información "urgente" para los grupos de representación de la entidad, de cara a la celebración de la asamblea que deberá aprobar la integración con Cajastur, para evitar "que alguien vote más de oído que de documentación".

En rueda de prensa, acompañados por varias decenas de trabajadores de CCM, los representantes sindicales expresaron así las quejas que ya transmitieron a los trabajadores de la entidad, a través de una comunicación interna, y volvieron a lamentar "el despropósito del Banco de España, que son los dueños y señores y los que hacen lo que hacen", lamentó el responsable de CSI.F, José Manzanero, que señaló que de seguir así van a proponer "otro tipo de actuaciones".

Desde UGT, Carlos Jiménez confirmó que la manera de actuar del Banco de España hace que haya "riesgo" de que la asamblea —prevista para finales de mayo o principio de junio— "pueda complicarse", aunque los cuatro sindicatos quisieron dejar claro que apoyan este proceso "como una solución excepcional a un problema excepcional, pero déjense ya de inventos el Banco de España y el Gobierno central", inquirió el responsable de CCOO, Fernando Botica.

Fue Botica quien criticó la "falta de previsión" del Banco de España, que aunque es un organismo supervisor "no por ello debe tener la actitud de distanciamiento que está teniendo, de estar en su pedestal y no tener ni un solo encuentro" con los distintos grupos de representación para explicarles el protocolo firmado, informarles de la segregación de balances y poder llegar así a la asamblea, "una situación que es exigible e imprescindible".

Carlos Jiménez apoyó este argumento advirtiendo de que es sobre los impositores, las entidades fundadoras, los municipios, las organizaciones no gubernamentales y los representantes de los trabajadores sobre quienes "pivota" la decisión final para que se apruebe o no el proyecto de integración, y sería necesaria esa documentación para que se vote "no en función de lo que se opina o dice cada uno de los grupos".

La fusta y la vara

Los sindicatos también van a seguir demandando que se depure toda la cadena de responsabilidades "más allá del órgano de administración de la caja", por entender que el Comité de Dirección está formado por "actores principales en la desastrosa situación", criticando ya no la "doble vara de medir" del Banco de España sino, como explicitó el sindicalista de CSI.F, el hecho de que haya "una fusta y una vara", la primera para los trabajadores y la segunda para los directivos.

En este sentido, el responsable de CSICA, Julio Muñoz, señaló que en los últimos 14 mes ha habido una treintena de expedientes encima de la mesa, una cifra que no es relevante si se tiene en cuenta que hay 2.700 trabajadores en la entidad de ahorros, pero que resulta grave si se tiene en cuenta que seis de esos expedientes han acabado con trabajadores "en la calle" por falta grave. "A nosotros sí nos dan fuerte y a quienes nos han llevado a esta situación no les han hecho esto", admitió.

El representante de CSI.F dijo no entender el "interés" del Banco de España de confirmar a todo el equipo directivo que existía cuando se produjo la intervención, y añadió que el Banco de España "es también parte culpable" por no haber tomado decisiones dos años antes, al igual que la Junta de Comunidades, por su obligación de control y supervisión que "no sabemos cuál fue".

También lamentaron los sindicatos la "falta de previsión" que está teniendo el Banco de España en todo este proceso, durante el que no se ha explicado porqué no se planteó la operación con Unicaja "cuando costaba menos dinero" o la de Ibercaja, afirmando que "si es un diseño, es grave, pero si es falta de previsión" es peor, teniendo en cuenta que "la complejidad jurídica que este proceso está ocasionando es inaudita", señaló el representante de CCOO.

Botica destacó que, en vez de todo el proceso que se ha emprendido —la modificación de la Ley de Sociedades Mercantiles y ahora la intención de modificar la Ley de Cajas—, "mejor hubiera sido" la modificación de la Ley Orgánica de Regulación de Cajas de Ahorros (LORCA), en vez de consentir que el Banco de España "haya utilizado" a CCM "como un laboratorio de pruebas".

La reforma de la lorca ya

Por ello, entre las exigencias de los cuatro sindicatos figura una que insta al Gobierno central a emprender una reforma legislativa que permita a las cajas cerrar alianzas con la ausencia de la inseguridad jurídica existente. Para ello, piden que la reforma de la LORCA anunciada para el segundo semestre se adelante, pues es "necesaria ahora".

Al margen de este asunto, el gabinete jurídico de CCOO, a nivel individual, según avanzó su responsable, está estudiando la presentación de un recurso de inconstitucionalidad si se llegase a aprobar la reforma de la Ley de Cajas regional, ya que eso chocaría con los preceptos recogidos en la LORCA "y entendemos que esta —"la de dar cobertura legal a lo que queda de CCM, que ya no podrá seguir teniendo cobertura financiera"— no es la fórmula".

Tanto CCOO como UGT, CSICA y CSI.F quieren que, en vez de una Fundación como se ha propuesto, "con lo cual desaparecería la entidad como entidad", se cree un patronato, donde esté la Obra Social recogida. No obstante, Botica indicó que, una vez celebrada la asamblea, el proceso "podría ser reversible" y que CCM "no perdiera su ficha financiera", tal y como estaba diseñado en el inicio.

Acusaciones a ccm

"Si ahora hay problemas jurídicos los tenía que haber previsto" el Banco de España, señaló Fernando Botica, que precisó que el actual es "un problema que el Banco de España ha provocado y que el Banco de España tendrá que resolver", pues hacer que la sociedad de Castilla-La Mancha "sea la que firme la defunción de CCM es perverso y lamentable", subrayó.

Finalmente, convencido de que "aquí hay una clara decisión del Banco de España, con la connivencia del Gobierno, para que las cajas adquieran y tomen una deriva de privatización, y como consiguiente de desaparición, y no se recata el señor Ordóñez de demostrarlo", subrayó que "la gente está cansada y es imprescindible que esto termine".

Los sindicatos, por boca del sindicalista de UGT, también confirmaron que en torno a este asunto y por parte de los partidos políticos "se nos vuelve a utilizar como cortina de humo, que lo único que sirve es para zarandear a la caja". "Somos conscientes de que de aquí a la fecha de la asamblea se van a verter todo tipo de acusaciones y el elemento a zarandear será la Caja", puntualizó Jiménez, quien recordó que lo que hacen con esta actitud es "poner en riesgo 2.700 puestos de trabajo".