El Área de Renovación Urbana (ARU) del Cabildo de Arriba contempla un gasto de 12,8 millones de euros en concepto de expropiaciones, del total de los 57,9 millones de costes estimados para esta figura urbanística con la que se pretende la regeneración de este céntrico barrio santanderino.

El ARU es una fórmula urbanística que contempla el derribo y la reconstrucción de edificios con subvenciones a cargo del Ayuntamiento de Santander, Gobierno de Cantabria y Ministerio de Vivienda para el Cabildo de Arriba, donde hace dos años se produjo el derrumbe de un edificio que provocó la muerte a tres vecinos.

En la estimación inicial de costes se estima que se producirán un 20% de expropiaciones de viviendas, un 40% de expropiaciones en locales comerciales y un 100% en expropiaciones de solares. En el Cabildo de Arriba hay 3.442 metros cuadrados de solares sin edificar y en condiciones insalubres.

La memoria del Ayuntamiento de Santander para la solicitud de la declaración de ARU en el Cabildo, recogida por Europa Press, ya considera "previsible que muchas familias sufran problemas económicos severos", debido a los bajos ingresos económicos y a la carga que les supondrán algunas actuaciones.

Entre ellas, se citan los costes del estudio de estructuras, los estudios geotécnicos, la rehabilitación o edificación, los derribos, permisos o licencias.

La memoria también admite que esta situación "trascenderá lo meramente económico", de forma que podría afectar directamente a la "dinámica" familiar y comunitaria, "siendo posible que la buena disposición manifestada inicialmente por los vecinos se torne en conflicto, hostilidad y desconfianza".

Este documento incluye un análisis socioeconómico del barrio en el que se detalla que el 56,60% de las familias moradoras presentan unos ingresos medio-bajos.

La memoria para la concesión del ARU recalca que la situación urbanística y arquitectónica del barrio "está condicionando su realidad social y su imagen externa", pese a que entre los residentes predomina una situación de normalidad.

En el análisis se incide en que pese a la degradación urbanística, la situación social, personal y familiar está "normalizada", con patologías sociales que suponen un porcentaje mínimo de la población, un 8,95%, mientras los servicios sociales municipales trabajan en planteamientos de intervención socioeducativa en el 50% de las familias.

No obstante, se advierte de una "ausencia significativa" de comunidades de propietarios, una situación que para el informe "evidencia" que en el Cabildo se producen "carencias en las habilidades sociales básicas" de este conjunto de la población, lo que puede suponer "problemas de gestión colectiva".

La memoria del ARU detalla el proceso de participación vecinal para informar a vecinos y propietarios sobre esta figura urbanística, relatando las distintas asambleas generales o encuentros con afectados en sus edificios.

El resultado de esas consultas sobre la aceptación del Área de Renovación Urbana es de un 43,50% de aceptación y un 6,04% de rechazo, pero se produce un 50,45% de respuestas que no saben/no contestan, según datos actualizados a febrero de 2010.

"Hay que tener en cuenta que entre los que no han votado nada, hay muchas viviendas vacías, o de propietarios con los que ha sido difícil mantener el contacto, no se han enterado pese a los esfuerzos realizados o simplemente no han podido o querido", justifica la memoria.

En total, 144 vecinos aseguraron que aceptaron el ARU, 20 lo rechazaron y 167 que no respondieron. En esta cifra se incluyen a los locales comerciales, donde los datos son mayores. Lo aceptan 26 (42,62%), lo rechazan 2 (3,28%) y no respondieron 33 (un 54,10%).

El informe detecta los "primeros síntomas de ausencia de conciencia colectiva y de vecindad" que demuestran la "necesidad" de un trabajo comunitario en la zona, con el que se "refuerce" la actitud "positiva e implicada" en el inicio del proceso.

"La presencia de un profesional específico de lo social, un trabajador social, será fundamental, reforzando así el papel actual de las asociaciones que trabajan en la zona", añade.

Análisis socioeconómico del barrio

El estudio describe como, en el apartado económico, el Cabildo de Arriba se divide en dos áreas "completamente diferentes". Por un lado, se encuentra el frente de la calle Calvo Sotelo, y por otro, el resto del barrio, que abarca a las calles Cuesta del Hospital, el inicio de la calle Alta, y las calles Garmendía, San Pedro, Limón y Ruamenor.

La primera zona, la del frente de Calvo Sotelo, se caracteriza por un comercio de calidad "en auge, dinámico y especializado", con tiendas de artículos de vestir, ópticas, joyerías y complementos, junto a edificios de oficinas.

Pero en la otra zona, que constituye el núcleo del Cabildo de Arriba, tiene al comercio "en significativo retroceso", predominando la hostelería con bares de pequeñas dimensiones y clubs, junto a establecimientos de ultramarinos o locutorios para inmigrantes.

Por eso, el informe considera "prioritaria" la revitalización de la actividad comercial de la zona.

También se da el fenómeno de que en la periferia del área delimitada aparecen otros comercios que no responden a este estructura, como un local de distribuciones o un comercio de material informático.

Y perviven vestigios de instalaciones tradicionales de lo que en su día fue la Puebla Vieja de Santander, con comercios como una ebanistería, un taller de restauración de toneles de madera y un taller de cerámica.