Los establecimientos comerciales de más de 2.500 metros cuadrados que quieran instalarse en Cantabria no tendrán que someterse a una licencia autonómica, trámite que se sustituye a partir de ahora por un informe que se presentará ante el ayuntamiento correspondiente y que no se referirá a aspectos económicos.

El Pleno del Parlamento de Cantabria aprobó hoy por unanimidad la reforma de la Ley del Comercio de Cantabria y otras normas complementarias, en cumplimiento de la directiva europea de Servicios en el Mercado Interior.

El texto contó con el voto a favor del Partido Popular, que no obstante advirtió de que la falta de concreción sobre este informe puede suponer falta de seguridad jurídica, traducirse en "trabas" al libre comercio y, en consecuencia, acarrear sanciones de la Unión Europea a Cantabria

El consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, defendió que este cambio normativo responde a la "estrategia de crecimiento" del sector planeado por el Gobierno de Cantabria, en el que se "acabó ya la pasividad, el proteccionismo, el inmovilismo y el paternalismo", y ahora se pretende "ayudar a competir" a las empresas privadas.

Frente a esto, la diputada del PP Cristina Mazas criticó que el cambio en la política comercial supone que se reduzcan en tres cuartas partes las subvenciones de las administraciones en favor de la Fundación Comercio Cantabria, "privada", que este año recibe cuatro millones de euros. En 2007 y 2008, detalló, de los cuatro millones consignados, dos fueron para publicidad y propaganda y uno para trabajos de profesionales independientes.

Las reformas aprobadas en el Parlamento implican modificaciones a la Ley del Comercio de Cantabria de 2002 y suponen la derogación de la Ley de Estructuras Comerciales de 2006 y de la Ley de Certámenes Feriales Oficiales de Cantabria de 1998

En este último apartado, Agudo subrayó que las normas europeas "impiden" la celebración de ferias de carácter oficial, como las del recinto ferial de La Lechera en Torrelavega, un "activo" que estaba "infrautilizado" y que a partir de ahora "competirá con fuerza" en una economía "real" de mercado.

Al respecto, el portavoz del PSOE, Francisco Fernández Mañanes, subrayó que no se ha presentado "ninguna enmienda", por lo que pidió al PP que explique la "obcecación" de su diputado Ildefonso Calderón, concejal en Torrelavega, por el recinto ferial de La Lechera. E inquirió a este parlamentario que aclare "si ha cambiado de opinión

"instalación de comercios

La tradicional licencia autonómica se sustituirá por un informe del Gobierno que se incluirá en el trámite municipal, pero que tendrá carácter vinculante en caso de que sea negativo.

Este informe se centrará en aspectos como la protección del patrimonio, los criterios medioambientales, la protección de los consumidores o de los trabajadores y la conciliación de la vida familiar y laboral y deberá elaborarse en un plazo de tres meses.

El informe se realizará mediante un procedimiento "único y simplificado", que además estará "integrado" en un único trámite.

Pero en cambio, no se tendrán en cuenta aspectos de carácter económico o rentabilidad comercial para autorizar la instalación de establecimientos comerciales.

Y los establecimientos con dimensiones menores a los 2.500 metros cuadrados quedan "excluidos" del control administrativo.

La diputada del PP Cristina Mazas advirtió del riesgo en la aplicación de este informe, ya que lo que se pretende es que los establecimientos se autoricen por principios de interés general y no económico, pero, según recordó, el Consejo Económico y Social (CES) ha alertado de la falta de "seguridad jurídica" que provoca el que los criterios sean "de tal generalidad" que se impide saber cuál es su concreción.

"Espero que no haya problemas, pues si hay una denuncia que haga pensar que sea una traba al libre comercio, lo que sería contraria a la directiva, esto podría suponer una sanción al Reino de España, que sería trasladada al Gobierno de Cantabria", afirmó.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Fernández Mañanes, remarcó el proceso de "diálogo" con el sector para elaborar esta reforma legal, con la que la actividad comercial se desarrollará "en un mercado completamente abierta y sometido a la competencia".

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, destacó que la adaptación a las leyes europeas tendrá repercusiones en cuestiones como la mejora de la productividad y la competitividad, así como en los consumidores, o los precios, que se abaratarán al eliminarse trámites.

De la Sierra precisó que la transposición de la directiva europea de Servicios que se ha hecho en Cantabria no se realizado de forma automática, sino que se daban distintas posibilidades, como prueba el que otras comunidades la hayan adaptado de otra manera.