La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla ha criticado que los ayuntamientos promuevan "una tendencia interminable al borrón y cuenta nueva inasumible y de lamentables resultados en la ordenación del territorio, por el mensaje de impunidad que se envía al ciudadano".

En la memoria de 2009, consultada por Europa Press, la Fiscalía asevera que, a pesar de que en 2009 se ha detectado "una cantidad algo mayor de comunicaciones al fiscal, sigue siendo escaso el nivel de colaboración de algunos ayuntamientos", pues en cuanto a infracciones penales, "de muchos de ellos no se tiene noticia si no es por la comunicación realizada desde las distintas fuerzas policiales por atestado".

En este sentido, precisa que, en ocasiones, "cuando se inician investigaciones del fiscal o del juzgado por edificaciones masivas en un municipio, se intenta minimizar la relevancia de las investigaciones penales aludiendo a iniciativas de regularización, acuerdos de Pleno donde muestran la resolución de modificar el planeamiento y aluden a un acuerdo de colaboración con la Dirección General de Inspección y Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, usado por muchas defensas para tratar de hacer creer que la legalización de las construcciones ilegales es inminente".

Añade que, en los casos en que llega a la Fiscalía la noticia del delito, "sigue apreciándose que no hay efectividad alguna a la hora de ejecutar medidas cautelares de los ayuntamientos eventualmente acordadas en el expediente administrativo", criticando también "la casi nula colaboración municipal en materia de demoliciones, con contadas excepciones".

Demoliciones en las minas

Tras todo esto, la Fiscalía considera que "uno de los mayores problemas" es la zona de Las Minas, en Castilblanco de los Arroyos, ya que la mayor parte de las sentencias condenatorias que se reflejan en el apartado relativo a los delitos sobre la ordenación del territorio "se derivan de acusaciones por delitos cometidos por particulares promotores en esta zona, donde el espacio ocupado por las parcelaciones ilegales y consiguientes edificaciones irregulares ejecutadas en su interior excede muy notablemente de la superficie del casco urbano del municipio".

Al hilo, llama la atención sobre el "problema" suscitado por el "discrepante" criterio de las secciones de lo Penal de la Audiencia Provincial respecto a las demoliciones en este paraje, "problema que se ha agravado durante este año por haber recaído numerosas condenas por delitos sobre la ordenación del territorio".

Así, indica que, "aunque en prácticamente todos los casos las secciones de esta Audiencia revocan las posibles sentencias absolutorias en la instancia, estimando así recursos de apelación de la Fiscalía, se da la circunstancia de que tres de las secciones acuerdan al mismo tiempo la demolición de las construcciones alzadas, mientras que una de ellas considera que las especiales circunstancias de consolidación edificatoria de la zona desaconsejan demoler lo edificado", lo que en la práctica "hace inútil o testimonial la respuesta penal".

Según agrega, la consecuencia "indeseable" de todo esto "es que se dictan sentencias radicalmente discrepantes en tan fundamental aspecto, lo que no es entendido por la ciudadanía, que ve como en la mayor parte de los supuestos se ordena derribar lo construido, y si por azar la apelación corresponde a la sección discrepante, se resuelve lo contrario, por mucho que se ofrezcan agudos argumentos dignos de consideración".

"trabas" a la demolición

En relación a los procedimientos por delitos sobre la ordenación del territorio donde por sentencia firme se acuerda la demolición, señala que, hasta finales de 2008, han llegado a la treintena las sentencias firmes en las que se ordena la restauración del suelo a su estado originario, "lo que ha ocasionado notables problemas a la hora de ejecutar este concreto pronunciamiento de las resoluciones, por las naturales trabas creadas por los condenados, la sistemática impugnación de cualquier providencia orientada a ejecutar tal pronunciamiento y la falta de colaboración de algún ayuntamiento particularmente afectado".

Además, y tras lamentar que, "en otras ocasiones, se retrasa innecesariamente la efectividad de la demolición señalando el Juzgado de lo Penal plazos injustificadamente amplios", la Fiscalía aboga por negar cualquier suspensión de la ejecución de las penas de prisión "en tanto no se satisfaga el pronunciamiento relativo a la responsabilidad civil que constituye la demolición, naturalmente si existe solvencia", mientras que también muestra su oposición a la sustitución de prisión por multa, pues ello "demuestra la falta de compromiso del reo en reparar el daño causado".

A pesar de todo lo anterior, la Fiscalía reconoce la calidad de las resoluciones judiciales de las diferentes secciones de esta Audiencia Provincial, así como la postura "abiertamente favorable" de éstas "a huir de un Derecho Penal simbólico por el que se limitara la respuesta a estos delitos a una sanción pecuniaria y a una pena de prisión siempre suspendida, prescindiendo de la demolición".

Colaboración con medio ambiente

En su memoria, la Fiscalía se refiere a la colaboración prestada por la Delegación Provincia de Medio Ambiente, lamentando que "se aprecian en demasiadas ocasiones retrasos considerables en las diligencias de investigación y en la instrucción judicial por las demoras" en los informes técnicos solicitados, añadiendo que "se es consciente de la escasez de medios de esa Delegación en relación al ingente número de informes que deben evacuarse, pero la relevancia de esos informes por la entidad de los bienes jurídicos en juego exigen tal vez la preferencia en la emisión de los que afectan a autoridades judiciales y fiscales".

Así, considera que, "a pesar de que se ha tratado de solventar la cuestión mediante contactos del delegado con la Delegación provincial de la Consejería para evitar dilaciones en las investigaciones, la consecuencia es que suelen judicializarse las mismas sin haber llegado el informe requerido a esa Delegación, cuando en ocasiones es determinante de la relevancia penal del asunto y no solamente de algún aspecto accesorio o de mera responsabilidad civil".

Respecto a los datos numéricos, la Fiscalía incoó en 2009 un total de 162 diligencias de investigación, de las que 132 fueron por delitos sobre la ordenación del territorio —en 2007 fueron 198 y en 2008 un total de 255—, seguidas de las 15 relacionadas con el medio ambiente; siete por flora y fauna; cuatro por patrimonio histórico; tres por incendios forestales y una por malos tratos a animales domésticos.

Pequeñas edificaciones

Sin embargo, llama la atención sobre el hecho de que sobre la sección de Medio Ambiente "sigue pesando una similar o mayor carga de trabajo a causa de que todas las diligencias de investigación tramitadas en los pasados años han dado lugar a procedimientos judiciales incoados en 2009 —145—, más las incoadas antes que, una vez judicializadas, naturalmente siguen pendientes de sentencia firme en su mayoría".

En esta línea, incide en que ese aumento "provoca que los esfuerzos de las Fuerzas de Seguridad se centren en esta materia, fundamentalmente en pequeñas edificaciones hechas por particulares", aseverando que "la forzosa dedicación de esas fuerzas policiales a la investigación de decenas de edificaciones menores como cabañas de madera y casas prefabricadas, está produciendo el efecto indeseable de no poder atender a otras materias también propias de su competencia, como es la investigación de delitos de mayor gravedad y complejidad".