La asociación de vecinos dice que el "ensañamiento" del equipo de gobierno "parece no tener límites"

La Associació de Veïns Cabanyal-Canyamelar de Valencia manifestó hoy que la "capacidad de ensañamiento que viene demostrando el equipo del gobierno municipal de la ciudad de Valencia en sus actuaciones administrativas contra los vecinos del Cabanyal que están en desacuerdo con su proyecto de destruir una parte importante de este barrio parece no tener límites".

La entidad señaló, a través de un comunicado, que hace "apenas unos días la alcaldesa Rita Barberá decía que la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad contra la ley que pretendía dar cobertura legal al PEPRI del Cabanyal-Canyamelar le imposibilitaba su labor de proseguir en su intención de regenerar el barrio, impidiéndole el otorgamiento de nuevas licencias de rehabilitación, y llegando a poner el acento en la imposibilidad de proseguir con la rehabilitar el Casinet".

"Hoy, sin embargo, se autoconcede 31 licencias de derribo, de edificios que, en muchos casos, ni siquiera son de propiedad municipal, sino que permanecen en manos de sus propietarios", como ocurre con los de la calle San Pedro, aseveró la asociación.

La entidad indicó que, a día de hoy, "las licencias de derribo concedidas resultarían ilegales, dado que la inmensa mayoría de los edificios que pretende derribar el Ayuntamiento se encuentran incluidos en el catálogo de edificios protegidos del Plan General de 1988, que es el que marca la legalidad urbanística una vez suspendido el PEPRI".

Asimismo, explicó que en el caso de aquellos edificios que no cuenten con ninguna protección, la concesión de la licencia de derribo "debería ir acompañada del proyecto de la edificación sustitutoria, con el objeto de no generar nuevos solares, tal y como marca la Ley de Patrimonio Valenciana".

La asociación vecinal apuntó que, además "de lo que pueda suponer la legalidad de infringir la Orden Ministerial y la paralización impuesta por el Tribunal Constitucional, una vez más carece de todo sentido el intentar proseguir por esta senda de enfrentamiento con los vecinos y ahora con el Gobierno de España".

Al respecto, lamenta que se produzca precisamente en un momento en que desde el Ejecutivo estatal "se anuncia la apertura de un proceso negociador y que incluso desde distintos sectores empresariales relacionados con el turismo y la hostelería se apuntan posibles soluciones para poner en valor el barrio aprovechando algunos de los valores que le reconoce su declaración como Conjunto Histórico Protegido".

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