El vicepresidente y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, subrayó hoy que el Gobierno apoya la necesidad de que la insularidad forme parte de la discusión del próximo marco financiero de la UE 2013-20 en el que se definirán los criterios de reparto de los fondos comunitarios, con el fin de que "pueda establecerse algún tipo de compensación por este motivo".

En una rueda de prensa, con motivo de la cumbre 'El reconocimiento de la insularidad en la política regional europea', que se celebra en Palma, Chaves aseguró que el Ejecutivo central es "consciente" de las "dificultades" que representa la insularidad para territorios como Baleares en materia de transporte y comunicaciones y, por tanto, para su desarrollo económico y social.

Así, afirmó que pese a que el Tratado de Lisboa ha representado un "avance en el reconocimiento de la condición insular", puede entender que "algunos territorios insulares todavía lo puede considerar insuficiente".

Por ello, Chaves insistió en que la definición del nuevo marco financiero comunitario debe hacer "compatibles" los intereses y las necesidades particulares de la UE y de los diferentes territorios que representan "singularidades muy específicas, como los insulares".

Preguntado por la modificación de la Ley del Régimen Especial de Baleares, contemplada en el nuevo Estatuto de Autonomía, el vicepresidente recordó que este texto forma parte del bloque de constitucionalidad y, en consecuencia, el Gobierno tendrá el "mejor espíritu de negociación y de acuerdo" para cumplir con esta reforma y con todos los aspectos recogidos en el Estatut.

Precisamente, el presidente del Govern, Francesc Antich, confirmó que este mismo año, el Ejecutivo tendrá elaborada una propuesta para modificar la Ley del REB, que será acordada en el Parlament y, posteriormente, negociada y pactada en el marco de la Comisión Mixta entre el Ministerio de Economía y la administración autonómica.

Hasta que se apruebe el nuevo REB, Antich recordó que el Estatut establece que el Estado destinará una inversión anual de 400 millones de euros durante los siete años siguientes a la aprobación del nuevo texto estatutario, de los cuales 200 son pactados entre el Govern y el Ejecutivo central, a propuesta de Baleares, debido a que van dirigidos a conceptos relacionados con la insularidad, como medio ambiente, turismo, carreteras e I+D+I.