La Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura ha finalizado la revisión de los montes que integran el Catálogo de Montes de Utilidad Pública (Cmup) de la región, con alrededor de 178.000 hectáreas.

Se trata de un registro de carácter administrativo en el que se inscriben "todos" los montes que poseen el estatus de utilidad pública, con sus superficies y linderos, de acuerdo con la normativa actual sobre montes, informó la Junta en un comunicado de prensa.

El catálogo consta de fichas individualizadas que incluyen, además del mapa y nombre del monte, otros datos de interés como el propietario del monte, las principales especies vegetales, el aprovechamiento, y la fecha de inclusión en el catálogo. También contempla una breve descripción con los antecedentes, situación y accesos.

Surge ante la "necesidad detectada" de dar a conocer el "valor de su propio patrimonio forestal" e implicar en "su disfrute, defensa y conservación". Es fruto del proceso de revisión del catálogo que desde hace unos meses realizan el Servicio Forestal de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente.

Incremento de la superficie de monte

Las revisiones de los catálogos extremeños detectan que la superficie de montes denominadas bajo este estatus se ha incrementado en 42.900 hectáreas respecto a las últimas rectificaciones de estos registros, realizadas en los años 60. De ellas, unas 24.000 corresponden a la provincia de Badajoz y casi 19.000 hectáreas a la de Cáceres.

La declaración de Utilidad Pública de un monte y su inclusión en el catálogo es "una de las figuras de mayor protección" con que cuenta la Administración autonómica para su defensa legal y física. Se trata de montes en los que predominan funciones ecológicas y protectoras y que por cuya gestión se encamina a evitar la erosión y preservar su biodiversidad.

Los aprovechamientos que se llevan a cabo en ellos se realizan aplicando una gestión forestal "sostenible" en la que "siempre prevalece la defensa de sus valores naturales". Según explica la Junta, la catalogación produce "importantes efectos de carácter administrativo, jurídico y social".

Un monte catalogado, explicó, es "inalienable" (no se pueden vender, salvo por ley o permuta, previa desafección), es "imprescriptible" (no se pierde su propiedad por el no ejercicio de las facultades de dominio sobre el monte) y son "inembargables" (no sujetos a procedimiento de embargo por ninguna deuda).

En Extremadura existen unas 178.000 hectáreas de superficie declarada de Utilidad Pública Forestal, distribuidas en un total de 166 Montes. A la provincia de Badajoz le corresponden 46, siendo la Comarca de La Siberia la que posee hasta el 60 por ciento de los Montes Catalogados de la provincia, en forma de dehesas, pinares o alcornocales.

En la provincia de Cáceres, están declarados de Utilidad Pública 120 montes, siendo las comarcas más destacadas Las Hurdes, Gata, La Vera y El Jerte, que presentan formaciones vegetales como pinares, melojares, alcornocales, castañares, junto a otras formaciones "más relevantes" por su "singularidad e importancia ecológica en el global de la comunidad", como formaciones de tejos y piornos.

Utilidad pública

En el conjunto nacional, alrededor de ocho millones de hectáreas poseen este denominación, de las que "más de 178.000" pertenecen a Extremadura.

Para que un monte reciba la denominación de utilidad pública, debe estar situado en las cabeceras de las cuencas, contribuir a la regulación del ciclo del agua, proteger de la erosión al suelo o protejan cultivos e infraestructuras del viento, contribuir a la conservación de la diversidad biológica, constituir o formar parte de espacios naturales protegidos, estar incluidos en zonas de alto riesgo de incendios.

Cabe destacar que la creación de los Catálogos de Montes de Utilidad Pública de todas las provincias españolas en 1901 permitió frenar los procesos desamortizadores, iniciados a mediados del siglo XIX. Gracias a la "avanzada visión conservacionista que tenían aquellos profesionales, se consiguió conservar el legado de parte de muchos montes", destacó el comunicado.

Hoy en día, son las propiedades públicas "mejor conocidas y sobre los que se centró la política forestal de las décadas siguientes", hasta llegar a los objetivos de la administración forestal respecto a los MUP, que recogen la optimización de la utilidad pública de los montes, la persistencia y mejora de las masas forestales, su protección de sus "múltiples" y su defensa de las plagas e incendios.