Según las conclusiones provisionales del fiscal, en el primer trimestre de 2003, uno de los acusados recabó la colaboración de otro, administrador único de distintas sociedades, "todas ellas inactivas", para que emitiera a nombre de esas empresas facturas con destino a la empresa municipal Gerencia de Compras y Contratación Marbella por unos supuestos trabajos que "nunca se realizarían".

La sociedad municipal tenía atribuida la contratación y pago de las obras y servicios prestados por empresas externas a los departamentos y sociedades municipales, según apunta el escrito inicial, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se dice que para este plan "resultaba esencial" la intervención del entonces jefe de servicio del departamento de Parques y Jardines, acusado también, que era ingeniero agrícola.

Éste era, según la acusación pública, subordinado inmediato del concejal de dicha área, correspondiéndole la elaboración de los informes preceptivos previos a la realización de los trabajos, "requisito para la aprobación del gasto". El ministerio fiscal sostiene que realizó dos informes técnicos en enero de 2003 dirigidos al teniente alcalde delegado de Parques.

En el primero indicaba la necesidad de un tratamiento para eliminación de la plaga de la procesionaria del pino en los pinares públicos del término municipal, consistente tanto en la utilización de medios personales como mecánicos y químicos contra las orugas, y al mismo tiempo las tareas de desbroce selectivo del terreno. Concluía que se requería contratación externa, por la imposibilidad de realizarlas con personal propio.

El segundo informe se refería a la eliminación de tres plagas detectadas en los árboles y arbustos públicos, escrito en el que, según la calificación inicial de la Fiscalía, también se indica que se tenían que contratar "de manera externa, debido a la imposibilidad de realizarlos con nuestros medios".

Así, tras aprobarse los trabajos, el acusado administrador de las empresas supuestamente inactivas elaboró entre enero y febrero de 2003 varias facturas emitidas por distintas sociedades para trabajos supuestamente realizados en la parcela del parque público Xarblanca, en la zona de Pinares de Nagüeles y de Elviria y en todo el término municipal como manera preventiva.

El fiscal señala que las empresas que emitieron las facturas tenían objetos sociales "muy alejados de los trabajos encomendados", por ejemplo, "venta al por menor en supermercados", o no contaban con trabajadores ni con la maquinaria necesaria y eran inactivas, habiéndose dado de baja una de ellas en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) meses antes de la fecha de la factura.

El jefe de servicios, según sostiene la acusación pública, "dio el visto bueno a los trabajos", tras lo que se remitió la factura al concejal y también a la empresa municipal, "que tenía que autorizar el pago". Posteriormente, al recibir la transferencia, el administrador de las empresas extrajo las cantidades, "dinero que entregó" al primer acusado, salvo un cuatro por ciento.

El fiscal acusa a los tres hombres por un delito de estafa y otro de falsedad, ambos continuados, por los que pide seis años de prisión para cada uno, al estar en concurso, y multa de 21.600 euros para el jefe de servicio, por la agravante de prevalerse del carácter público, para el que pide también el mismo tiempo de inhabilitación; y de 10.800 euros para el administrador de las empresas inactivas y para el otro acusado.