Fiscalía pide más de un año de prisión e inhabilitación para el alcalde de Rianxo y cuatro concejales por prevaricación

Califica de "ilegal" la licencia concedida para la construcción de una nave y pide dos años de prisión para su propietario

La Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) solicita, en su escrito de acusación, un año y dos meses de prisión para el alcalde de Rianxo (A Coruña), el socialista Pedro Piñeiro Hermida, y para cuatro de sus concejales por un supuesto delito de prevaricación en la concesión de una licencia para la construcción de una nave en el año 2000. Además, pide la inhabilitación del regidor y los ediles y dos años de prisión para el propietario de la nave.

En su escrito de acusación por la causa que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 1 de Padrón, contra el alcalde de Rianxo, cuatro concejales y un empresario por supuestos delitos urbanísticos, el fiscal de Medio Ambiente del TSXG, Álvaro García Ortiz, reclama también un año y tres meses de prisión para el empresario implicado en un delito contra la ordenación del territorio y otros nueve meses de cárcel por un delito de desobediencia.

Para los cuatro concejales, María Resua Quintas, José Vicente Figueiro Carou, Jesús Piñeiro González y Santiago Fernández Figueira solicita inhabilitación especial para cargo o empleo público durante ocho años, una petición de inhabilitación que en el caso del alcalde de Rianxo se eleva a 18 años, ya que al delito de prevaricación urbanística suma otro de prevaricación ordinaria.

Licencia para una nave

Los hechos tienen su origen en la concesión de una licencia* en octubre de 2000 para la construcción de una nave industrial, en una parcela del lugar de Seredal, parroquia de Santa María de Asados, en Rianxo, utilizada como aserradero de pulido y piedra.

En su escrito de acusación, el fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Álvaro García Ortiz, subraya que, de acuerdo con la Ley del Suelo de Galicia vigente en aquel momento, las únicas edificaciones autorizables en ese tipo de parcelas eran "viviendas unifamiliares o agropecuarias que ocuparán un máximo del 15 por ciento de la parcela y una altura de 6,5 metros", señala.

Asimismo, afirma que siendo "plenamente conscientes" y de "común acuerdo" con el propietario de la nave, el alcalde y los concejales, en una comisión de gobierno celebrada el 19 de octubre de 2000," votaron a favor de la licencia para la construcción de la nave a través del pretexto legal de encuadrarla como una construcción que guardara relación con la explotación de los recursos naturales", explica en su escrito.

En él, sostiene también que la extracción de piedra "no estaba autorizada ni prevista por los organismos competentes" y añade que el dueño de la nave "nunca llegó a realizar la actividad que era determinante para la concesión de la licencia, pese a permanecer abierta y en funcionamiento al menos hasta 2008". Además, señala que el inicio de construcción de la nave fue "anterior a la concesión de la licencia".

Licencia anulada

El fiscal recuerda que en septiembre de 1999, la Xunta, encargada de resolver la autorización de solicitud previa a la concesión de licencia para construir en suelo rústico, "denegó" dicha resolución al entender que la construcción de la nave no era "un fin de interés general". El fiscal sostiene que el alcalde hizo caso omiso a esta decisión y a un requerimiento de la Xunta, en octubre de 2000, para la suspensión de la licencia concedida, que califica de "ilegal".

También recuerda que en febrero de 2003 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de A Coruña anuló la licencia, una decisión que ratificó el TSXG, y añade que el Ayuntamiento de Rianxo "teniendo conocimiento de estas sentencias desde marzo de 2003 y noviembre de 2006" hasta marzo de 2007 , coincidiendo con el inicio de diligencias por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente, "no dictó decreto ni realizó actividad alguna para el cumplimiento de las mismas".

Asimismo, sostiene que el propietario de la nave "conocedor de las resoluciones y requerido por el Ayuntamiento de Rianxo en marzo de 2007 para el cese de la actividad" continuó desarrollando el mismo trabajo "pese a que el requerimiento fue reiterado en agosto de 2007", añade la fiscalía.

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