En un comunicado, ARCA consideró "insólito en términos democráticos" que los tres grupos parlamentarios "sigan alimentando" la propuesta de cambiar el articulado de las leyes del Suelo y del Plan de Ordenación del Litoral (POL) "para impedir que se ejecuten las sentencias firmes de derribo que han dictado los tribunales de justicia".

Según la asociación, "lo más grave es que la propuesta tiene como primer objetivo proteger a los alcaldes que concedieron licencias ilegales y para conseguirlo algunos parecen dispuestos a cualquier cosa", como, a su juicio, ha "demostrado el PP filtrando el borrador de cambios legales a un medio de comunicación para presionar al Gobierno".

Frente a estos "despropósitos", ARCA insiste en que "todos los responsables políticos de las sentencias de derribo deben dimitir o ser cesados de inmediato".

Además, recalca que "Gobierno y Parlamento tienen el deber de defender la aplicación de la legislación urbanística vigente" y que las sentencias firmes "deben ser ejecutadas de la forma menos lesiva a través de acuerdos entre el demandante y el Ayuntamiento condenado".

Por último, ARCA exige también la "justa compensación por los daños materiales y morales que sufren los propietarios afectados por las sentencias de derribo".