En el apartado de Conclusiones y Recomendaciones el informe del CES, recogido por Europa Press, considera que entre las competencias que en materia de turismo reconoce el Anteproyecto a las Comunidades Autónomas debería incorporar la "potestad inspectora y sancionadora en materia de turismo" al entender que las facultades de las administraciones públicas de Inspección, Supervisión y Comprobación deben ser reforzadas para poder garantizar a los ciudadanos que las actividades de prestación de servicios, turísticos en este caso, se realizan conforme a la legalidad.

Entre las sugerencias, el CES plantea que la "abundante y reiterada" remisión a reglamentaciones posteriores de materias que aparecen en el articulado del Anteproyecto hacen cuestionarse que el contenido normativo legal "garantice la suficiente seguridad jurídica en aplicación de la Ley" y sugiere "implementar y favorecer" iniciativas de turismo social dirigidas a los colectivos de jóvenes, mayores, personas con discapacidad y familias con dificultades sociales "con un alcance europeo" que, además, ayude a la construcción del concepto y realidad de ciudadanía europea.

Asimismo, el CES considera necesario que desde las administraciones públicas se haga un "esfuerzo especial" de apoyo al turismo rural a través de la información y asistencia, de la promoción de distintivos de calidad o del asesoramiento de la elaboración de publicaciones y guías turísticas.

La decimocuarta conclusión se centra en la composición del Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León y señala que la representación económica y empresarial, incluidos los representantes empresariales de los distintos subsectores turísticos, será igual y paritaria con la representación conjunta de las centrales sindicales que tengan la condición de sindicatos más representativos en el ámbito de Castilla y León.

Asimismo, el informe "valora" el Anteproyecto de Ley de Turismo de Castilla y León tanto por la necesidad de actualizar la norma como por la actual coyuntura económica internacional y sus efectos en el sector así como el hecho de que la regulación de la actividad turística recoja aspectos como el desarrollo sostenible, la accesibilidad a los discapacitados, la consideración de recursos como la lengua, el interés cultural o los espacios naturales como recursos estratégicos que contribuyan a reforzar la imagen de Castilla y León "que, no obstante, podrían haberse desarrollado en mayor medida en la norma".

En opinión del CES, el hecho de que el Consejo de Turismo vaya a contar con el apoyo de una nueva Comisión Permanente de Nuevos Productos Turísticos permitirá contribuir a la elaboración del futuro Plan Estratégico de Turismo, que debe orientar la oferta turística desde la innovación y la creación de productos nuevos a partir de la demanda de los turistas mientras que la introducción de un nuevo requisito, "la integración en el entorno", en la definición de alojamiento turístico rural, servirá para garantizar un urbanismo "que lejos de estorbar el paisaje y el medioambiente formará parte de ese mismo entorno".

Además, "comparte la persecución" de la actividad turística clandestina y confía en que la cultura del arbitraje como forma de resolución de conflictos pueda resultar una "buena fórmula" para dar soluciones "rápidas y eficaces" a los conflictos que surgen en el desarrollo de la actividad turística, a lo que el CES suma que al preverse la regulación de las reservas de la actividad turísticas y la sobrecontratación se aportará "seguridad".

En su undécima consideración valora la iniciativa de utilizar las comunidades castellanas y leonesas en el exterior para promocionar los valores turísticos de Castilla y León y reforzar su presencia fuera de ella y en la duodécima subraya que se abra la posibilidad, de que la inspección turística ponga en conocimiento de otros órganos de la Comunidad u otras administraciones públicas las infracciones detectadas en el curso de sus actuaciones que incidan en su ámbito competencial.