El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús María García Calderón, defendió hoy que la lucha contra la delincuencia urbanística y lo que se mueve alrededor es una cuestión "esencial" en Andalucía, porque "buena parte del futuro de esta Comunidad Autónoma radica en el buen uso de la ordenación territorial".

En declaraciones a los periodistas en Jaén con motivo de su participación en el I Congreso Nacional sobre Delincuencia Urbanística en la Universidad de Jaén (UJA), García Calderón expuso que la "única manera de combatir con eficacia" estos fenómenos criminales es a través de la coordinación institucional y la especialización, que es lo que hace el ministerio fiscal en Andalucía desde hace siete años. "Es la única manera de obtener una dosis de eficacia suficiente", agregó.

A su juicio, el problema de la delincuencia urbanística, que afecta a las ocho provincias andaluzas, "ha radicado en los defectos que presenta el sistema procesal, cuando el Código Penal del 95 desarrolló delitos contra la ordenación territorial fue muy difícil establecer una unidad de criterios por el sistema procesal español, que no establece un derecho a la doble instancia o lo establece de forma muy limitada", de ahí que el Estado tardara "demasiado tiempo en reaccionar contra algunos abusos clamorosos que han llevado en algunas ocasiones a situaciones detestables para el entorno".

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía fundamentó que esas dificultades de obtener una unidad criterio, de conseguir sentencias "clarificadoras", junto con la "poca colaboración de otros poderes, sobre todo del ámbito local", fueron determinando que en estos 15 años "al principio se reaccionara con demasiada lentitud".

No obstante, señaló que la labor que se está haciendo en estos años "está empezando a rendir algunos frutos" hasta el punto de que se puede albergar "cierto optimismo", toda vez que empieza a haber demoliciones, sentencias condenatorias y "mucha colaboración de muchos ayuntamientos importantes de Andalucía".

La delincuencia urbanística, tal y como analizó, afecta "a toda la sociedad en su conjunto" y expuso que la ordenación territorial defiende "intereses difusos" que a todos atañen pues no se trata solo del perjuicio al medio ambiente, "sino también a todos los ciudadanos". "Un territorio ordenado, ciudades desarrollándose de forma razonable, redundan en beneficio de todos y en la calidad de todos los ciudadanos".