Cotino se pronunció de esta forma en la sesión de control del pleno de las Corts con motivo de la pregunta formulada por la portavoz adjunta de la coalición Compromís en las Corts, Mònica Oltra, sobre la posición del Consell ante los derribos que suponen el "expolio" de los edificios protegidos "por su interés artístico, cultural o monumental" del barrio valenciano de El Cabanyal, recordó.

Al respecto, aseveró que el Consell "no puede tener posición ante algo que no ha ocurrido" pues adujo no tener conocimiento de que se haya derribado ningún edificio de esas características en El Cabanyal "ni en abril de 2010 ni en ningún otro momento", señaló. Por tanto, "sobre datos que no se ajustan a la realidad, el Consell no puede tener ninguina postura determinada", subrayó.

El Consell, continuó, apoya "sin ninguna reserva todas las gestiones y actuaciones del Ayuntamiento" para desarrollar el Pepri, porque la administración municipal es "la que tiene la legitimidad democrática y el respaldo de 12 sentencias judiciales que avalan la legalidad de este Plan". Además, consideró que se trata de "un plan necesario para recuperar el barrio, mejorar la calidad de sus vecinos y garantizar la mejor protección posible para sus valores patrimoniales".

Asimismo, Cotino explicó que se puede "discutir y hablar" sobre qué inmuebles pueden derribarse pero criticó que el Ejecutivo socialista adoptara "una decisión unilateral" cuando la Generalitat pidió al Gobierno central concertar "una reunión técnica" para tratar el asunto "antes de llegar a los extremos que se ha llegado".

"perpetuarse en el poder"

Por su parte, Oltra indicó que el Consell "escuda sus ilegalidades en la victoria electoral" y aseguró que "la cúpula del PP es especialista en burlar la legalidad vigente con el único objetivo de perpetuarse en el poder".

Además, aseguró que el Gobierno valenciano "aún no tienen competencias para legislar sobre lo que es delito y no es delito y el artículo 321 del Código Penal dice que el expolio es un delito". Explicó que existe una orden ministerial que "ninguna ley valenciana puede derogar" porque no es competencia autonómica, pero el Ayuntamiento de Valencia, criticó, "aún sabiendo que existía expolio, dio la orden de los derribos".