La Federación interpuso el pasado 31 de marzo ante el juzgado de guardia de Avilés una denuncia penal por un "delito de crímenes contra la humanidad", una semana después de haber solicitado a diferentes instituciones, así como a la propia UTE de empresas encargada de las obras, la paralización de los trabajos para construir una carretera de acceso al Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), al encontrarse "una fosa de republicanos asesinados durante la represión franquista".

En el decreto, Herrero señala que no existe prueba de que las obras "hayan afectado o vayan a afectar a tumba alguna o a los cadáveres subyacentes a las mismas", ni que hayan incidido "en ningún lugar de enterramiento".

Considera asimismo que la voluntad que anima a la entidad pública promotora de la obra no es profanar dicho ánimo, sino "dar satisfacción al interés general mediante la dotación de equipamientos a la ciudadanía".

El texto recuerda que el archivo se refiere exclusivamente al ámbito jurídico-penal y los denunciantes pueden acudir al ámbito administrativo previsto en la Ley de Memoria Histórica de 26 de diciembre de 2007 en apoyo de sus derechos.